Noticias Ibiza: Martes 30 de Octubre de 2.007

El constructor de Eivissa Centre niega ante el juez haber ofrecido o pagado comisiones

El constructor Antoni Pinal negó ayer reiteradamente durante las más de dos horas de declaración ante el juez que no ha ofrecido ni pagado comisiones por la ejecución del proyecto Eivissa Centre, en contra de lo que sostiene el ex secretario general de la FSP-PSOE, Roque López. Al presidente de Brues se le imputa un delito de cohecho. Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, `Agustinet´, volvió a comparecer ante el juez para completar su declaración. El también ex gerente de Itusa insistió en que no está seguro de que hubiera hablado de dinero negro y si lo hizo se refería a la «rumurología» que había en ese momento.

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ

Antonio Pinal, presidente de Brues S.A, la empresa constructora de la reforma del centro de Vila conocida como Eivissa Centre, negó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, haber ofrecido o pagado comisiones para la ejecución del controvertido proyecto. Pinal declaró en el juzgado durante algo más de dos horas, aunque se negó a responder a las preguntas de Luis Romero, el abogado del ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE), Roque López. Al salir de los juzgados, el constructor gallego afincado en el País Vasco se negó a hablar con los medios de comunicación y se limitó a decir que estaba «absolutamente satisfecho» y «tranquilo».
Pinal, que declaró en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho, negó que hubiera ofrecido comisiones, en contra de lo que se apunta en algunas de las conversaciones grabadas por Roque López, al tiempo que, según pudo saber este periódico, señaló que desconocía qué intereses podía tener el ex dirigente socialista, salvo que fueran políticos, para grabar a sus compañeros y acusarles del cobro de comisiones ilegales. En respuesta a las preguntas de las partes, salvo de la defensa de López, el constructor explicó las ventajas y la conveniencia de ejecutar el proyecto Eivissa Centre a través de una sociedad mixta, formada en su 51 por ciento de capital público (el Ayuntamiento) y el resto privado (Brues).
El empresario de la construcción no aparece en ninguna de las grabaciones de Roque López. De todos modos, en una de las conversaciones registradas por el ex dirigente socialista y divulgadas en la prensa, éste explica a la concejala de Cultura y Fiestas, Sandra Mayans, que el dinero para el pago de las comisiones se iba a obtener de la recaudación en `B´ (dinero negro) de la venta de los pisos y locales previstos en el proyecto y que el modus operandis se lo había explicado el propio Pinal. No obstante, el constructor lo negó todo ayer ante el juez.
Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, que ayer culminó su declaración, también en calidad de imputado de los delitos de cohecho, exacción ilegal, tráfico de influencias y fraude cometido por autoridad funcionaria, señaló estar más «relajado» que hace una semana cuando compareció por primera vez ante el juez. Marí Ribas también se negó a responder a las preguntas del abogado de Roque López, puesto que, según dijo, éste tiene «un interés político y mediático». El alcalde de Sant Josep y ex gerente de Itusa reiteró, tal como hizo al día siguiente de que se divulgara la existencia de las grabaciones, que cuando hablaba del cobro de dinero negro, que presuntamente iba a parar a PSOE y PP, se refería a «la rumorología y las insinuaciones muy intencionadas» que entonces circulaban sobre el proyecto Eivissa Centre. No obstante, Marí Ribas también insistió en que no está seguro de que la grabación refleje con exactitud sus palabras al respecto. En todo caso, el alcalde insistió en que «nunca» ha hecho «propuestas irregulares a nadie». «Ya lo he dicho y lo reafirmaré las veces que haga falta». En su declaración, Marí Ribas explicó con detalle el proyecto y recordó que el PP lo apoyó hasta un momento determinado en el que «decidió romper la unidad». «En ese momento empezaron a saltar los rumores. Al final se demostrará que nada de esto es verdad», añadió.

La rehabilitación de la casa Broner, sa Peixateria, la zona de Vara de Rey, la plaza del Parque y la creación de aparcamientos en la zona afectada por el Pepri, entre los proyectos prioritarios 2008-2011.

Eivissa | Laura Ferrer Arambarri

Tras cuatro años de divergencias debido al diferente color político de Govern y Consell, por un lado, y Ayuntamiento de Vila por otro, ayer se conformó la nueva Junta Rectora del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad, que tomó, además, la decisión de invertir 21 millones de euros en el patrimonio de la ciudad en los próximos cuatro años.
Asimismo, las partes han acordado que el Consistorio asuma ahora y siempre las riendas de los proyectos, de manera que pueda determinar sus prioridades sin intromisiones de otras instituciones.
La alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa, definió la jornada de ayer como «día histórico para el Patrimonio de la Humanidad de Eivissa» después de muchos años de «paréntesis obligado». La inyección económica supondrá sacar adelante proyectos como una fase del soterramiento de contenedores en la Marina, la rehabilitación de la plaza de sa Riba y la urbanización de calles en sa Penya; además de mejoras en las calles Retiro, Alt, General Balanzat y sa Carrosa. También permitirá la rehabilitación de la plaza de España, el soterramiento de cables y la rehabilitación de Vara de Rey y la plaza del Parque.
En cuanto a equipamientos, está previsto estudiar zonas para nuevos aparcamientos en la zona afectada por el Pepri (Plan especial de protección y rehabilitación integral) de Vila, además de la rehabilitación de sa Peixateria. En el apartado de conservación y restauración de monumentos, está incluida una partida permanente de mantenimiento del recinto amurallado y la segunda fase de actuación en los espacios exteriores de la Casa de la Curia. En el apartado de rehabilitación y adquisición de inmuebles destaca el proyecto de rehabilitación de la casa Broner y las expropiaciones para poder levantar el centro cívico, el centro artesanal y varias aperturas de calles. «El listado de proyectos no está cerrado», aseguró la alcaldesa.
La fórmula de financiación será a través de un crédito que contará con el aval de las tres instituciones implicadas: Consell, Govern y Ayuntamiento.
Por su parte, el presidente del Consell, Xico Tarrés, que es además vicepresidente de honor de la Junta Rectora del Consorcio, remarcó que la primera decisión de la junta rectora fue «clarificar la postura de las diferentes administraciones dentro del Consorcio para que no pueda pasar, independientemente de quien gobierne, lo que pasó hace cuatro años cuando un conseller del PP dentro del Consorcio pensó que la mayoría en el Consell y en el Govern le daba la potestad de dirigirlo». Siempre debe ser la ciudad «la que encabece los proyectos», dijo. Lo contrario «no tiene sentido» porque el Ayuntamiento es el que tiene el contacto directo con los ciudadanos.
Por su parte, Costa remarcó que «lo lógico es que en todas las ciudades patrimonio sea el Consistorio el que proponga las actuaciones porque es quien está en contacto directo con los problemas y las exigencias de los ciudadanos».
La secretaria general de Asuntos Sociales del Govern, Isabel Eugenia Nora del Castillo, que acudió en nombre del presidente del Govern, Francesc Antich, mostró su alegría por esta «oportunidad histórica».
Por otro lado, en la junta rectora de ayer también se designó a Laura Añibarro como gerente del Consorcio y todavía falta por contratar a un coordinador y un administrativo.

Los proyectos
Infraestructuras
o Urbanización de calles
de sa Penya.
o Soterramiento de
contenedores en la Marina
o Rehabilitación plaza de sa Riba.
o Rehabilitación del paseo de Vara de Rey.
o Soterramiento de cableado.
o Mejoras en las calles Retiro, Alt, General Balanzat y sa Carrosa.

Equipamientos
o Nuevos aparcamientos en zona Pepri.
o Rehabilitación sa Peixateria.

Rehabilitaciones
o Casa Broner.
o Expropiaciones para un centro cívico y para la construcción
de un centro artesanal.
o Expropiaciones para apertura de calles.

Conservación
o Murallas de Vila.
o Casa de la Curia

PALMA | EFE

El Ejecutivo balear y los consells insulares constituirán hoy la comisión mixta que se ocupará del traspaso de las funciones y servicios correspondientes a las competencias propias de las instituciones insulares, según aprobó el pasado 19 de octubre el Consell de Govern.
Este organismo está integrado por 18 vocales, nueve designados por el Govern y otros tantos por los consells, de los cuales cuatro son designados por el de Mallorca, dos por el de Menorca, otros dos por el de Eivissa y uno por el de Formentera.
El decreto establece que los acuerdos de la comisión mixta adoptarán la forma de propuesta del Govern, que ha de aprobar los correspondientes decretos de traspaso de funciones y servicios.
Otras de las disposiciones es que la comisión ha de aprobar su propio reglamento, por mayoría simple de sus miembros.
La citada comisión se crea a raíz del mandato de la disposición transitoria quinta de la reforma del Estatuto de Autonomía.
Durante la conferencia de presidentes de las Illes Balears, se acordó dar un impulso a la creación de este organismo.  

Los populares sospechan que se ha perdido la subvención de 37 millones de euros prevista de los Fondos de Cohesión europeos para ese proyecto.

Eivissa | L. F. A.

El diputado del PP, Enrique Fajarnés, anunció ayer en rueda de prensa que preguntará en el Congreso de los Diputados si Balears contará con Fondos de Cohesión Europea para el impulso de instalaciones de desalación. Según Fajarnés, la construcción de cuatro plantas desalinizadoras en Balears, una de las cuales va a ubicarse en Santa Eulària, contaba con una subvención de 37 millones de euros, procedentes de los Fondos de Cohesión, además de los 20 millones que iba a aportar el Ministerio de Fomento, «de los cuales a día de hoy no se sabe nada», denunció el diputado.
Fajarnés explicó que si no se cuenta con la subvención europea «a Santa Eulària sólo le corresponderían cinco de los 22 millones presupuestados para el proyecto» en vez de lograr una financiación del 80 por ciento, como estaba previsto. Este hecho «repercutiría en los bolsillos de los contribuyentes», que «muy probablemente tendrán que pagar más cara el agua desalada».
En la misma rueda de prensa, el presidente del PP pitiuso, José Juan Cardona, criticó con dureza los retrasos en la elección del solar de la nueva depuradora de Vila, «lo que va a demorar su construcción y a prolongar los problemas». Cardona asegura que «este caso es un nuevo son Espases» porque cree que la depuradora se hará finalmente en sa Serra d´en Collet, el solar que ahora rechaza Vila y el Consell pero que fue aprobado por el anterior equipo de gobierno de Eivissa, que dirigía Xico Tarrés. «Ya han dicho que si no tienen más remedio la construirán en ese terreno», aseguró.
Fajarnés, por su parte, remarcó la «incapacidad absoluta de Xico Tarrés (ex alcalde de Vila y actual presidente del Consell) para sacar adelante el proyecto, que va a suponer cuatro años más sin depuradora».
También criticaron que la inversión que se iba a hacer en la planta depuradora de Santa Eulària se vaya a desviar a la de Sant Jordi «por motivos políticos».    

El terreno, de 1.000 metros cuadrados de superficie, se encuentra junto al aparcamiento del instituto de secundaria de Sant Llorenç.

Sant Joan | P. R.

El Ayuntamiento de Sant Joan acordó ayer ceder un solar en Sant Llorenç a la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear con el fin de construir un centro de interpretación del área natural conocida como es Amunts, que abarca el municipio de Sant Joan y parte de los de Sant Antoni y Santa Eulària.
La cesión del terreno al Govern por parte del Consistorio de Sant Joan ya se había aprobado en una sesión anterior, aunque en el pleno de anoche se cumplió un nuevo trámite, al fijar como condicionante de la cesión el que el solar se destine a un uso concreto.
El alcalde, Antoni Marí, Carraca, precisó que la idea de construir un centro de interpretación para la zona de es Amunts fue una idea que se originó en el Ayuntamiento de Sant Joan, que impulsó también la redacción del proyecto. No obstante, incidió en que esta realización no beneficia únicamente a los ciudadanos de este municipio, ya que el área abarca a otros dos municipios y el centro representará también una mejora para toda la isla.
Carraca afirmó que se ha pensado en Sant Llorenç para ubicar ese centro de interpretación de es Amunts porque ese pueblo está en el vértice del abanico de esta zona natural. Concretamente se emplazará en el lindero de la finca en la que se sitúa el aparcamiento del instituto de bachillerato de esta localidad. El proyecto prevé un inmueble de unos 150 metros cuadrados en el que se pretende dar a conocer todas las características de es Amunts.
El pleno aprobó la modificación de ordenanzas fiscales, que supondrán un aumento de los impuestos municipales de entre un tres y un 12 por ciento. En el caso del IBI la subida equivaldrá a un ajuste del valor catastral de un 12,5 por ciento, ya que, según declaró el alcalde, «éste no se ha actualizado desde 1992, por lo que no refleja la realidad del precio del suelo». La subida del impuesto sobre circulación se situará por debajo del IPC, mientras que las tasas de la guardería municipal aumentarán en un seis por ciento. La subida más «preocupante», según Carraca, será la del impuesto de basuras, ya que repercutirá el ajuste del precio de eliminación, que el Consell ha aumentado de 18 a 20 euros por tonelada. El aumento de la presión fiscal en Sant Joan supondrá que cada familia deberá pagar una media de unos 20 euros más.  

El ciclo tiene una duración de 2.100 horas y responde a la necesidad de crear profesionales cualificados para satisfacer la demanda empresarial. Acceso directo a las carreras universitarias relacionadas con la empresa.

Eivissa | José Manuel Piña

El ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas que ayer comenzó en el instituto de sa Blanca Dona atrajo a diez personas de diferentes edades, aunque el plazo de matrícula permanecerá abierto durante esta semana y la próxima y sus organizadores confían en atraer a un número mayor de profesionales de este sector, especialmente los relacionados con el mundo de la hostelería. «Este curso es una iniciativa pionera en toda España porque amplía a tres años lo que también se ofrece en dos, que resulta mucho más difícil», informa César Sánchez Molina, jefe del departamento administrativo del centro ibicenco. El ciclo comenzó ayer con tres asignaturas «muy atractivas», según él, y tiene una duración de 2.100 horas.
Sobre la escasa matriculación que se había registrado hasta ayer, Sánchez Molina anima a inscribirse a «todas aquellas personas, jóvenes o mayores, que deseen ampliar, perfeccionar o actualizar sus conocimientos sobre estas materias». La formación específica en Administración y Fianzas es «fundamental» en el actual mercado laboral. «En el instituto tenemos una bolsa de trabajo y la oferta que podemos dar a las empresas que necesitan profesionales es menos que cero porque tanto los empresarios como nosotros, los docentes, somos conscientes de que falta una gran cantidad de profesionales bien preparados», considera Sánchez. «Algunos jóvenes que se han formado con nosotros ya están cobrando sueldos de 1.500 euros», destaca el profesor, que considera la que se ofrece como una alternativa a los estudios universitarios, «muy necesaria para las Pitiüses, que viven prácticamente del turismo en exclusiva», opina.
A su juicio, el ciclo recién inaugurado es una «gran posibilidad» para las personas que trabajan sólo durante la temporada de verano» porque «es como una inversión en ellos mismos, al ofrecer una vía de mejorar profesionalmente y de promocionarse en las empresas que trabajan». Por otro lado, el curso brinda la oportunidad de acceder directamente a la diplomatura universitaria de carreras como Ciencias Empresariales, Magisterio, Relaciones Laborales, Turismo, Gestión y Administración Pública e Informática de Gestión y de Sistemas, entre otras.
Las clases que se imparten a lo largo del primer curso son de módulos profesionales, gestión de aprovisionamiento, gestión financiera y aplicaciones informáticas. En segundo curso se aprende márketing, compatibilidad y fiscalidad, productos financieros y recursos humanos y se dejan para el tercer y cuarto curso las materias de auditoría, proyecto de empresa, administración pública y formación y orientación laboral.     

PALMA | F. G.

La Ley de Acompañamiento aporta como principal novedad las modificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, que beneficiarán a 32.513 baleares. El importe de las rebajas fiscales relacionadas con los impuestos cedidos por el Estado y el canon de saneamiento de aguas alcanzan los 96 millones. Además, Manera insistió que en esta Ley de Acompañamiento, a diferencia de los que sucedía durante la pasada legislatura, no incorpora medidas ajenas a la estructura tributaria y económica de la Administración, como podrían ser las urbanísticas. «No hay ni leyes ni disposiciones legales escondidas».

o Impuesto sobre el Patrimonio. Se actualiza el importe mínimo exento para tributar, que pasa de 108.192,12 euros a los 120.000. Este mínimo exento se eleva más en el caso de personas con discapacidades. Si el grado de invalidez psíquica se sitúa entre el 33% y el 65%, asciende a los 150.000 euros, y se alcanzan los 300.000 si la minusvalía física, psíquica o sensorial supera el 65%.

o Donaciones dinerarias.
También se incrementa el importe de la reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos u otros descendientes cuando el objetivo sea la adquisición de la primera vivienda habitual. De 30.000 euros se pasa a 60.000, aunque en el caso de los discapacitados ese aumento va de 42.000 a 90.000 euros.

o Transmisiones patrimoniales.
Se confirman las medidas tributarias vigentes, pero se mejora la aplicación del tipo reducido del 3% en la modalidad de transmisiones de inmuebles que deban convertirse en la vivienda habitual del contribuyente cuando éste sea menor de 36 años o registre una discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En este punto, en el caso de declaración conjunta del IRPF se aumenta de 27.000 a 30.0000 euros el límite para poder disfrutar del tipo reducido. En relación a las familias numerosas, este límite se incrementa de 18.000 a 24.000 en la tributación individual y de 27.000 a 36.000 si es conjunta.