ExC denunciará a la Justicia las dietas que cobran los concejales de Santa Eulària
El alcalde amenaza con querellarse por injurias contra el concejal Joan Carles Clapes, de ExC. El PSOE apoya la impugnación de las cuentas por las dietas que cobra, entre otros, su jefe de filas, José Luis Pardo
crisis política. El ex concejal Joan Carles Clapés formalizó ayer su renuncia tras reiterar sus acusaciones contra las dietas que paga el Ayuntamiento a los concejales con plena dedicación. Clapés seguirá dentro de ExC y anunció que su partido recurrirá en los tribunales los presupuestos de Santa Eulària por este asunto. El alcalde, Vicent Marí, le instó a devolver las dietas que ha cobrado y amenazó con interponer una querella contra él por «atentar contra el honor de los miembros de la Corporación». El primer edil llevará a pleno un nuevo sistema de retribuciones y considera «roto» el que se consensuó con el PSOE-ExC al inicio de la legislatura.
SANTA EULÀRIA | ALBERTO FERRER
Eivissa pel Canvi presentará un recurso contencioso-administrativo contra los presupuestos de Santa Eulària «al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears», advirtió el que hasta ayer era el único concejal de ExC en este municipio Joan Carles Clapés. Clapés cumplió su anuncio de dimitir tras el pleno en el que se debatió la aprobación definitiva de las cuentas para este año, que incluyen las polémicas dietas que percibirán los concejales con dedicación exclusiva, entre ellos el portavoz de la oposición, José Luís Pardo, y que ExC considera «ilegales».
En un tenso debate con el alcalde de la Villa del Río, Clapés aseguró que Vicent Marí «es el político más bien pagado de la isla, con una nómina bruta de 71.572 euros anuales». Insistió en que los miembros de la Corporación con plena dedicación no pueden percibir dietas «por su asistencia a los plenos» ya que esto supone «una violación de la Ley de Bases de Régimen Local». A su vez, acusó a Pardo de «haber mostrado más interés en seguir cobrando el sobresueldo que en denunciar esta irregularidad». Mientras, Marí esgrimió los informes técnicos que, según él, demuestran que estas cantidades son «una indemnización», y en el redactado de los presupuestos no se alude a la condición de la asistencia, que sí se estipula para los concejales a tiempo parcial.
Marí invitó al concejal «a rectificar las graves acusaciones» que ha vertido contra los miembros de la Corporación en varias ocasiones a lo largo del pleno. Como Clapés se reafirmó en sus acusaciones, entre constantes interrupciones entre ambos, el alcalde le advirtió que estudiará interponer una querella contra él «por injurias, calumnias y atentado contra el honor de los concejales y trabajadores del Ayuntamiento». Marí no aclaró si sufragaría la denuncia de su bolsillo o correría a cargo de la Corporación.
«La política gana mucho sin usted», espetó el alcalde a Clapés. «Ha intoxicado y ha mentido por afán de protagonismo», le dijo antes de invitarle a «dimitir por higiene democrática». El concejal le recordó que ya había anunciado su salida de la corporación y le conminó a terminar su intervención. «No tiene argumentos con los que rebatirme» respondió Marí, que le pidió: «Déjeme disfrutar este momento, hace un mes y medio que lo esperaba», tras la publicación del caso en la prensa y después de que el concejal no acudiera en dos ocasiones para discutir el caso en comisión, aunque Clapés dijo que no acudió al no ser miembro de las mismas.
Marí justificó que en un primer momento no se atendieran las peticiones de información sobre los honorarios del equipo de gobierno «porque el portavoz de su grupo dio entrada a un escrito desautorizándoles». Además, aportó un informe municipal que confirmaba esta tesis y deslegitimaba los escritos que no fueran firmados por Pardo, algo que Clapés definió de «aberrante» en términos jurídicos.
Cambio en las nóminas
El alcalde explicó que la subida de sus honorarios que denunció ExC en un primer momento corresponde a la cantidad que percibe «en concepto de antigüedad como funcionario de carrera: 219 euros mensuales».
También insistió en que el sistema retributivo se consensuó con la oposición a principios del mandato y, desde entonces, los concejales del PSOE-ExC lo han apoyado en otras dos ocasiones. «No queremos más consensos con ustedes», afirmó, «cada vez salgo escaldado: a los dos días cambian de opinión». Por este motivo, anunció que el equipo de gobierno prepara un nuevo sistema en el que no se contará con la oposición -algo que Clapés consideró como un reconocimiento tácito de la ilegalidad de las dietas-, a pesar de que Pardo expresó su voluntad de llegar a un acuerdo. Marí fue más lejos y reclamó a los concejales que votaron contra las dietas, empezando por Clapés, «que devuelvan el dinero que han cobrado».
El pleno debatió primero la impugnación defendida por Clapés, que fue rechazada por el PP y, tras un receso pedido por el PSOE, recibió también el apoyo del resto de concejales de la oposición: «Queremos que se esclarezca definitivamente la legalidad de las dietas, y si no lo son devolveremos hasta el último euro», dijo Pardo.
Después se refrendaron los presupuestos municipales, que no se aplicarán en lo que respecta a las retribuciones de los concejales «desde este pasado mes de enero», según explicó Marí después de las sospechas expuestas por ExC.
Marí: «No se vaya»
Joan Carles Clapés había anunciado su intención de dimitir ayer e hizo el amago de abandonar el pleno, pero el alcalde, Vicent Marí, le convenció para quedarse: «No se vaya, que si no no podrá impugnar el presupuesto».
El Consell aprueba el Convenio de Carreteras con un presupuesto de 13,4 millones hasta 2014
El PP se abstuvo y el GIF votó en contra. El primer proyecto que se ejecutará este año será la rotonda de acceso al hospital. La institución anuncia la «inminente» firma del acuerdo con el Govern balear
FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
Los consellers de GxF y PSOE que forman el equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera aprobaron ayer en el pleno que celebró la institución la firma del Convenio de Carreteras con el Ministerio de Fomento, que asciende a 13,4 millones de euros y que abarca hasta 2014. La oposición del PP se abstuvo porque dijo no estar dispuesta a no votar «en contra de financiación que venga de fuera», justificó su portavoz, Juanma Costa. Por su parte, el Grupo Independiente (GIF) votó en contra porque encuentra este convenio «poco definido», manifestó su portavoz, María del Mar Cardona.
El conseller de Urbanismo, Bartomeu Escandell, precisó por su parte que el convenio contempla partidas anuales durante los seis próximos años, siendo la primera para este ejercicio, que asciende a un millón de euros, para la rotonda del hospital. Los proyectos que incluye este convenio financiado por el Gobierno central son, además de la citada rotonda, la variante de la zona escolar de Sant Francesc y las variantes oeste y este de esta localidad; la variante oeste y sur de Sant Ferran; la variante de es Pujols; la rotonda de la Savina y el acondicionamiento de la carretera principal PM-820. Escandell apuntó que uno de los acuerdos que incluye el convenio es que el Consell será el encargado de realizar «todos los proyectos y adjudicaciones, siempre bajo la supervisión del Ministerio». El acuerdo plenario habilita al presidente del Consell a la firma del Convenio con la titular de Fomento.
La oposición
El portavoz del PP, Juanma Costa, lamentó la falta de respuesta a la solicitud de información en relación a este convenio y recordó que la mayoría de los proyectos ya se incluían en el plan de infraestructuras 2003-2005, aprobado por el gobierno del PP y financiado en parte «con los famosos 12 millones de euros, de los que tanto se habló», y recoirdó que se la había acusado de «que los había robado». En este punto, Costa pidió explicaciones sobre el destino de esa partida que estaba en el Consorci Eivissa i Formentera Emprenen y que ahora había vuelto al Consorcio Formentera Desarrollo. El conseller de Urbanismo aseguró que se habían incluido parte de esos proyectos en el Convenio de Carreteras «al ser una financiación destinada a carreteras; con la financiación del Consorcio se harán otras cosas y no sólo carreteras», aunque no precisó las iniciativas.
Juanma Costa también se mostró crítico con la inclusión en el convenio con Fomento de la rotonda de acceso al hospital de la isla, cuyo proyecto empezó el anterior Consell Insular pitiuso gobernado por el PP. A su juicio, «la rotonda del hospital tendría que ser financiada por Eivissa ya que el proyecto lo comenzó el anterior Consell, por lo que no debería estar en el convenio de carreteras». Escandell recordó que esa adjudicación quedó desierta en su momento y que «luego se creó el Consell de Formentera, pero ahora se ha dado prioridad a que se haga cuanto antes». De hecho, el presupuesto de esta rotonda corresponde al primer millón de euros del citado convenio que recibirá este año Formentera del Ministerio de Fomento.
El GIF mantuvo similar línea argumental, aunque su portavoz justificó su voto en contra debido a que no se ha tenido en cuenta a los partidos de la oposición para el desarrollo de estas iniciativas de mejora de carreteras y «por no estar más claramente definido el Convenio».
Firma «inminente» con el Govern
Escandell precisó que la firma con el Ministerio de Fomento «se llevará a cabo en breve» y anunció que «de forma inmediata» se procederá a rubricar el acuerdo con el Govern con un presupuesto de 10,2 millones de euros hasta 2017». Las obras que se incluirán en este convenio autonómico afectarán a caminos y carreteras secundarias de la red viaria.
El pleno también dio cuenta de la renuncia presentada por dos consellers de la oposición, del GIF y el PP. En el caso de los independientes se trata del número uno de la lista electoral, Óscar Portas, que ha alegado motivos profesionales y personales. Su sustituto será Javier Serra (hijo del ex alcalde fallecido Toni Serra), que tomará posesión de su cargo cuando sea nombrado por la Junta Electoral.
En el caso del PP, la renuncia la presenta Elisa María de Miguel, por similares motivos y, como ya anunció este diario, será sustituida por José Manuel Alcaraz, actual presidente del PP local.
El GEN denuncia ante la Unesco el proyecto del puerto de Ibiza y acusa a las instituciones de «ocultarlo»
El Ayuntamiento dice que los ecologistas «manipulan la información y juegan» con un título «tan importante» como el de Patrimonio para «justificar sus ideas»
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha remitido «recientemente» una denuncia al Centro Patrimonio de la Humanidad de la Unesco contra el proyecto de ampliación del puerto en es Botafoc. En su denuncia, el grupo ecologista recuerda que se ha eludido la obligatoriedad de informar a la Unesco. El GEN apunta que la Unesco ya advirtió del «peligro» que suponían en su momento las obras del dique de es Botafoc y que incluso los técnicos propusieron «la paralización» de este proyecto. El Ayuntamiento de Eivissa acusa al GEN de «manipular la información» y «jugar con un título tan importante como la declaración Patrimonio de la Humanidad para justificar sus ideas».
Los ecologistas resaltan, además, que en octubre de 2005, el Ayuntamiento de Vila dio a conocer un informe en el que señalaba que las obras del nuevo proyecto de construcción de la plataforma de es Botafoc podrían poner en peligro el mantenimiento del título Patrimonio de la Humanidad. El GEN indica que tanto el Consistorio como Esquerra Unida utilizaron este argumento en las alegaciones que presentaron contra el proyecto.
Diario de Ibiza informaba entonces que, en sus conclusiones, el análisis del Ayuntamiento indicaba que el proyecto «no justifica su necesidad» por la falta de un plan global del puerto «que lo integre en el núcleo urbano y paisajístico», sobre todo debido a su afectación por el área de influencia de la declaración de la Unesco. Todo ello, recogía el informe, «hace aconsejable su reconsideración dentro de un Plan Especial». En el segundo punto de las conclusiones, Vila recomendaba la elaboración de un estudio «más exhaustivo en el que se detalle la densidad, cobertura y el estado de conservación» de la posidonia.
Ahora, el Consistorio defiende que el informe citado de 2005 se hizo para «defender con fuerza» ante el Ministerio de Medio Ambiente que el proyecto del puerto se debía tramitar mediante una Evaluación de Impacto Ambiental, «un trámite que la Autoridad Portuaria se quería ahorrar». «Se argumentó que se tenía que descartar que las obras pudieran suponer un peligro para los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad», dice el Consistorio.
«Excusa para hacer viajes»
El GEN denuncia que las administraciones públicas involucradas en el proyecto (estatales y autonómicas) «han ocultado» el proyecto a la Unesco y «han eludido el deber de comunicación que determinan las directrices de la convención del Patrimonio Cultural y Natural suscrito por el Estado español». Además, el grupo ecologista tacha de «falsa» la renuncia al vial de ses Feixes y recuerda que cuando se construyó el dique también se descartó entonces la plataforma de es Botafoc. Por ello, el GEN asegura que las instituciones locales utilizan la declaración Patrimonio de la Humanidad como «reclamo turístico» y «como excusa para que los cargos públicos hagan turismo con cargo al erario y para conseguir fondos que se desvían fuera del ámbito protegido».
El Ayuntamiento informa de que el Ministerio de Cultura pidió a finales del pasado mes de agosto un informe a raíz de la tramitación de una denuncia del GEN. De hecho, el Consistorio asegura que la denuncia del GEN fue presentada hace meses, aunque los ecologistas aseguran que Vila «confunde las cosas», puesto que la denuncia a la Unesco se remitió «hace un mes». En este nuevo informe, Vila recuerda que el espejo de aguas del puerto no se incluye en la declaración Patrimonio de la Humanidad, «razón por la cual el proyecto denunciado [la plataforma de es Botafoc] ni tan sólo forma parte de la delimitación del entorno de los bienes protegidos». «El informe concluye que el proyecto de ampliación del puerto, aunque suponga un impacto importante sobre la bahía de Eivissa, no llega a modificar los valores de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad», justifica.
El Defensor del Pueblo pide información urgente al Ayuntamiento de Ibiza de las antenas de telefonía
EIVISSA | REDACCIÓN
El Defensor del Pueblo ha reclamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa el informe que se le solicitó el pasado mes de noviembre sobre la situación urbanística de las antenas de telefonía móvil instaladas en el municipio, después de que hayan transcurrido casi tres meses en los que la coalición PSOE-ExC ha guardado silencio ante esta institución de tutela de derechos fundamentales, según informa el grupo del PP.
El PP explica que el Defensor del Pueblo inició en noviembre el estudio sobre la situación urbanística de las antenas de telefonía móvil, después de que este grupo pusiera en su conocimiento la situación de presunta ilegalidad en la que se encuentran las antenas de telefonía móvil, dado que ninguna de ellas contaría con licencia.
En la queja formulada ante la Oficina del Defensor, los populares apuntaban a la posibilidad de que el Ayuntamiento hubiera podido incurrir en una grave dejación de sus competencias, establecidas en el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, entre las que figura la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, así como de protección de la salubridad pública.
El PP garantiza que sus ayuntamientos financiarán el centro de acogida
El partido muestra su «decepción» por la desconfianza expresada por Abascal
EIVISSA | REDACCIÓN
El PP reiteró ayer el «firme compromiso» de los ayuntamientos que gobierna el partido en Eivissa de participar económicamente en el sostenimiento del centro de acogida de la isla y se comprometió a asumirlo por escrito, «tan pronto como se garantice también por escrito, en el próximo Consell de Alcaldes, la inequívoca voluntad expresada ya por la alcaldesa de Eivissa de ceder los solares para la construcción del centro».
El partido de los conservadores reclama también que se indique por escrito la ubicación del centro, superficie, fecha de cesión, indicación del coste estimado, plazos de ejecución y compromiso por parte de la consellera Patricia Abascal de asumir el 35 por ciento de su mantenimiento.
El partido conservador manifiesta su «decepción» por la desconfianza mostrada por Patricia Abascal hacia los ayuntamientos gobernados por el PP, a los que pidió que se comprometan por escrito a grantizar esta financiación, cuando ya lo habían hecho por medio de una rueda informativa.
Para el PP, «las circunstancias por las que atraviesa el centro de acogida y el futuro de su mantenimiento merecen de la consellera una actitud diferente, un comportamiento más responsable, evitando convertir las necesidades sociales en oportunidades políticas, y sobre todo otorgando libertad a cada uno de los ayuntamientos para llegar al acuerdo de consenso, sin imposiciones ni coacciones».
Por otra parte, el PP lamenta que el Consell dé un trato distinto a los ayuntamientos según sea el partido que los gobierna. Mientras que a los que están gestionados por el propio partido conservador se les exige un compromiso por escrito, «al resto se les da un grado de confianza inexplicable, tanto es así que su palabra es suficiente para pensar que van a contribuir al mantenimiento del centro, pero la palabra del PP se pone constantemente en duda, para crear una sensación de confrontación que no existe». El PP reclama del Consell de Alcaldes un acuerdo que posibilite financiar en 2010 el albergue insular «bajo criterios de corresponsabilidad, justicia y sentido común».
Nuevo local para ampliar los servicios de la oficina del SOIB en Sant Francesc de Formentera
FORMENTERA | C. C.
La consellera de Bienestar Social de Formentera, Margalida Font, fue la encargada de defender una moción para el alquiler de un local destinado a las nuevas dependencias del Servei d´Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que se situarán en los nuevos edificios situados la salida de Sant Francesc hacia es Cap. La propuesta contó con el apoyo unánime de todos los partidos representados en el pleno, al coincidir en la necesidad de mejorar las instalaciones que ofrece este servicio, dependiente del Govern, en Formentera.
La consellera avanzó que tras el acuerdo alcanzado con el Govern en esta materia, el Consell de Formentera asumirá el alquiler del local, de 98 metros cuadrados, mientras que el SOIB se encargará de ampliar la plantilla de personal y los servicios que se ofrecen desde esta oficina. Font especificó que la oficina contrará, entre otras dependencias, «con un espacio donde los empresarios puedan convocar ofertas de trabajo, una sala de reuniones, un servicio de orientación laboral y un aula de informática». El acuerdo plenario habilita al presidente del Consell para que suscriba el correspondiente contrato de arrendamiento. Margalida Font subrayó que «a cambio de este esfuerzo por parte del Consell, hay unas contraprestaciones de mejora y ampliación del servicio para Formentera».
Los consellers también aprobaron la creación de los correspondientes registros en materias que son competencia del Consell de Formentera y que todavía no se habían creado.
Loterías considera ilegales las máquinas expendedoras instaladas en comercios de Eivissa
El organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) señala que la actividad vulnera la normativa vigente sobre juegos estatales. Traslada la información al Govern balear y a la dirección general de Aduanas
EIVISSA | PEP RIBAS
La empresa responsable de varios terminales multiservicio instalados en diferentes comercios de la isla de Eivissa carece por completo de autorización del organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para la comercialización de cualquiera de los juegos que gestiona el ente estatal. Así lo aseguró ayer este organismo saliendo al paso de la información aparecida el pasado sábado en este periódico. LAE considera que la actividad de esta empresa «vulnera la normativa vigente en materia de sorteos estatales» y afirma taxativamente que «no dispone de autorización administrativa alguna».
El director de Coordinación de LAE, Juan Antonio Gallardo López, precisó ayer que ni la empresa Oper Loto, que ha instalado las máquinas en tres comercios de la isla, ni la mercantil de servicios Serviloto ni tampoco ninguna otra entidad privada tienen ningún tipo de autorización de LAE para la venta y comercialización de sus juegos, cuya gestión compete a este organismo «de forma exclusiva».
Oper Loto es la empresa que comercializa estos puntos de venta electrónicos en el ámbito de las islas Balears, mientras que Serviloto es una empresa de servicios on line, que ofrece intermediación de loterías y apuestas del Estado. El terminal no da premios ni reintegros, sino que da acceso a Internet, desde donde se realiza la apuesta a través de una plataforma digital, aseguran los responsables de Oper Loto.
LAE no hace recargo nocturno
Juan Antonio Gallardo desmintió rotundamente que el organismo aplique un recargo en la venta de loterías en horario nocturno, tal como había señalado un portavoz de Oper Loto, dado que LAE se desvincula por completo de esta actividad. Asimismo, Gallardo asegura que el organismo no tiene entre sus objetivos la instalación por su propia cuenta de máquinas expendedoras de billetes de lotería, desmintiendo también de esta forma a las fuentes empresariales citadas por este periódico en la información del 7 de febrero, que mantenían que el organismo tiene la intención de instalar este servicio antes de las próximas Navidades.
Por otra parte, LAE asegura que «no existe una liberalización de la venta de loterías ni de los restantes juegos de titularidad estatal», una actividad que está sujeta a una serie de requisitos legales y a las disposiciones propias de la Comunitat Autònoma de Balears. Así pues, la comercialización de estos juegos requiere la autorización del órgano autonómico competente.
Traslado al Govern y Aduanas
LAE informa de que ha dado traslado a las autoridades en materia de juego del Govern balear, «a los efectos oportunos, como entidad competente en materia de juegos dentro del ámbito de su territorio». Asimismo, también ha notificado el caso de Eivissa a la dirección general de Aduanas e Impuestos Especiales a los efectos oportunos, toda vez que «la realización y práctica de esta actividad sin la necesaria autorización se encuentra sujeta a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, de 12 de diciembre de 1995». (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas

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