La mayoría de los jueces de Eivissa secunda la huelga por la mejora del sistema judicial
La protesta fue seguida por siete de los nueve jueces titulares, lo que supone una participación del 77,7
por ciento. Se anularon cinco juicios, una vista rápida, una declaración de querellante y trámites de firma
La primera huelga de jueces que se celebra en España tuvo ayer un seguimiento mayoritario en el partido judicial ibicenco, donde siete de los nueve jueces y magistrados titulares secundaron la protesta. El responsable del Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsach, uno de los miembros del comité de huelga local, destacó que el paro se desarrolló con una «profunda responsabilidad», pues se avisó con antelación a los usuarios para que no se desplazaran a los juzgados. La previsión de los jueces sobre su participación en la protesta hizo que no hubiera que cancelar demasiadas declaraciones ni procedimientos.
EIVISSA | NIEVES GARCÍA GÁLVEZ
Siete de los nueve jueces y magistrados titulares del partido judicial de Eivissa secundaron ayer la huelga convocada para protestar por el deterioro de la Administración de Justicia y exigir una solución definitiva que permita ofrecer un servicio público «moderno, ágil y eficaz». Según el juez Santiago Pinsach, miembro del comité de huelga local, la incidencia de la protesta ha sido «mínima» en los ciudadanos debido al «gran sentido de la responsabilidad» con que se ha desarrollado. El juez precisó que se había avisado con antelación de las cancelaciones, que fueron pocas, y que se respetaron unos servicios mínimos fijados para «perjudicar lo menos posible».
Aunque habían sido ocho los jueces que ratificaron el paro en la última asamblea celebrada el pasado día 6, sólo siete comunicaron finalmente al TSJB su adhesión a la protesta, después de que el juez decano, Juan Carlos Torres, decidiera no sumarse al conocer el anuncio de la creación de un Juzgado específico de Violencia sobre la Mujer en la isla, previsto para este año. «Yo venía decidido a ser uno más, pero esta noticia me ha hecho no secundar [el paro]», explicó Torres en declaraciones a los medios de comunicación, al tiempo que aseguró que se trata de un «compromiso serio» por parte de Justicia.
El seguimiento, no obstante, fue mayoritario (un 77,7%) y el propio Torres, que afirmó que «ojalá se hubieran dado las condiciones necesarias para desconvocar la huelga», resaltó la importancia de la protesta y recordó que la asamblea de Eivissa fue de las primeras en convocarla. Sobre las críticas a que uno de los poderes del Estado actúe de este modo, Pinsach insistió en su derecho a la huelga porque, aunque por una parte conforman ese poder, por otra son «como cualquier otro funcionario».
Incidencia en la ciudadanía
«Teniendo en cuenta otras huelgas más o menos salvajes, hoy [por ayer] la incidencia en el ciudadano ha sido mínima», aseguró el titular de la instancia de Instrucción número 4. Pinsach destacó que no tenía conocimiento de usuarios que se hubieran quejado, precisó que los servicios mínimos se habían garantizado (el Juzgado de Instrucción número 2 realizó la guardia con normalidad y en el de Instrucción número 4 no hubo casos de Violencia sobre la Mujer -incluidos en esos mínimos-) y afirmó que se había procurado avisar de las suspensiones con antelación.
Las consultas realizadas en los juzgados cuyos titulares secundaron el paro sobre las consecuencias de éste reflejaban una incidencia inicial bastante reducida ya que los jueces habían evitado fijar señalamientos o declaraciones para el día de ayer. De ellos, en el Juzgado de Instrucción número 3 se canceló una declaración de querellante y no se acordó ninguna providencia de trámite (cada día se firman una veintena); en el de Instrucción número 4 se pospuso un juicio rápido para hoy; en el de lo Penal número 1 afectó a los treinta o cuarenta trámites de firma habitual; en el de Primera Instancia número 3 se suspendieron cinco juicios y se dejaron para hoy las providencias y resoluciones del día.
Las reivindicaciones
Pinsach se refirió a la importancia de recordar los motivos que habían dado lugar a esta protesta que, en su opinión, de ser seguida por un millar de jueces en toda España, sería «un éxito». Junto a las conocidas reivindicaciones, el juez recordó que quieren «más gente y una organización distinta» para proporcionar «más calidad en la respuesta» del servicio público que prestan. «Queremos incidir sobre todo en la imposibilidad de dar una respuesta como creemos. Queremos resolver [las causas] con calma y tiempo porque ahora damos una respuesta deficitaria y tardía», reconoció.
A este respecto, el juez decano apostilló que se ha cumplido uno de los compromisos con el partido judicial de Eivissa por la creación de la instancia específica en Violencia sobre la Mujer, aunque puntualizó que sigue pendiente «el resto de cosas», entre ellas la situación del actual edificio de los juzgados.
Una vez finalizada la jornada de huelga, los jueces instan al Ministerio de Justicia a «señalar una fecha de negociación», indicó Pinsach, al tiempo que deseó una mayor unidad del movimiento asociativo puesto que el paro sólo ha sido convocado por dos de las cuatro asociaciones de jueces. El juez reconoció que las soluciones no llegarán «de la noche a la mañana» pero espera que se plantee un programa serio con medidas para el sistema judicial. De todos modos, Pinsach puntualizó que se mantiene la convocatoria del 26 de junio, cuya cancelación dependerá de «cómo vayan las negociaciones».
El juez retira la imputación de Tarrés por un delito de falsedad documental
Dice que «no está probado» que el presidente supiera que se había construido más de lo permitido cuando declaró la obra nueva de Joan XXIII. Tuells lo considera «deplorable e inadmisible» y anuncia un recurso
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El juez que instruye el caso Eivissa Centre, José Espinosa, aclaró ayer mediante un auto por qué el lunes declaraba «impertinentes» las preguntas de Andrés Tuells, abogado del ex dirigente socialista Roque López, dirigidas a la alcaldesa, Lurdes Costa, sobre el exceso de construcción del edificio de Joan XXIII. El magistrado ha decidido retirar la imputación del presidente del Consell, Xico Tarrés, por un supuesto delito de falsedad documental por firmar ante notario una declaración de obra nueva de dicho inmueble con una edificabilidad menor de lo que se había construido, según la teoría de la defensa de López.
El juez ha estimado el recurso presentado por Ascensión Joaniquet, letrada de Tarrés, en contra de la ampliación de la querella del caso de la supuesta trama de corrupción urbanística por dicha falsedad documental. El auto señala que «no está probado que Tarrés conociera en el momento en que se tramita la primera escritura de obra nueva que hubiera mayor edificación construida que la que dice el certificado del arquitecto», a lo que agrega: «Cuando, oficialmente, se hace constar el mayor volumen construido [a través de la denuncia de un particular], se abrió un expediente administrativo y se ordenó paralizar la obra».
De la misma manera, el magistrado coincide con la posición de la defensa del presidente del Consell de que las actuaciones de la empresa mixta Itusa (constituida en un 51% por la empresa pública de Vila, Imvisa, y en el 49% restante por Brues S.A.) se rigen por el Derecho Mercantil y que, por tanto, cuando Tarrés actúa como presidente de la misma no lo hace como funcionario público. Por ello, el juez concluye que no se puede hacer «una interpretación analógica o extensiva» de los tipos penales como el del artículo 390 (apartado 1) del Código Penal, que dice: «Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial», entre otros supuestos.
El juez retira la imputación de Tarrés por falsedad documental, pero mantiene la de otros supuestos delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias por los que deberá volver a comparecer en el juzgado el día 5 de mayo para continuar la declaración interrumpida el pasado día 9 por falta de tiempo.
Por su parte, el abogado de Roque López avanzó ayer mismo en declaraciones a este periódico que presentará un recurso ante la Audiencia Provincial para «combatir» la decisión del juez instructor. Andrés Tuells considera que la decisión del juez es «precipitada y muy endeble», puesto que aún quedan pruebas por practicar como la declaración del arquitecto que certificó la edificabilidad que Tarrés declaró ante el notario. Destaca, además, que en un auto anterior el juez daba por «acreditado» que la declaración de obra era menor a la ya existente. «Ahora se desdice con cuatro líneas para decir lo que está diciendo. Me parece deplorable, inadmisible e incomprensible», indicó el abogado, que recalcó que, a simple vista, «el más común de los mortales se daría cuenta de que allí hay muchas más de 36 viviendas. No hace falta ser maestro, hasta un analfabeto se daría cuenta». Abundó, además, en que «es presumible que Tarrés lo supiera».
Asimismo, la abogada Ascensión Joaniquet manifestó estar «contenta» por el auto y señaló que estaba «convencida» de que iba a ser admitido su recurso, puesto que «es de cajón». Considera que el juez ha tenido «muy buen criterio» a la hora de decidir el archivo de esta parte de la causa. «Con todos los respetos, para mí no tenía ningún sentido», dijo, para recordar acto seguido los argumentos de que Tarrés no actuaba como funcionario público y, segundo, que su declaración de obra nueva se basaba en el certificado del arquitecto. «Es absurdo pensar que él pudiera ir con un metro a comprobar lo que decía el arquitecto». Insistió en que, a su entender, toda la denuncia de Roque López es «una patraña» y destacó que es «absolutamente imposible» que se pactaran o pagaran comisiones ya que «el beneficio de Itusa estaba tasado en un cuatro por ciento». «A veces pienso que el señor López cree que a base de repetir ideas equivocadas va a confundir a la gente», añadió.
Nace una ONG pitiusa para llevar ayuda humanitaria a Gaza
El gobierno libio colabora poniendo a disposición de Ibizagaza.org aviones para transportar las mercancías. El proyecto cuenta con el apoyo del Consell, de Orange y de Spanair, entre otros
EIVISSA | RAÚL SÁNCHEZ
El joven empresario ibicenco Hugo Oliver presentó ayer en el hostal Talamanca la nueva organización no gubernamental pitiusa Ibizagaza.org, un proyecto humanitario cuyo objetivo es ayudar a los palestinos de Gaza. «Todos hemos visto en televisión lo que ha sucedido», comentó ayer Oliver, que explicó que la idea surgió después de que pasase una noche sin dormir pensando en el sufrimiento de las personas que viven en la franja de Gaza.
En ese momento Oliver decidió llamar a sus contactos y fundó la ONG. Primero creó una página web, www . ibizagaza . org, en la que se pueden ver las intenciones de la organización, que son principalmente hacer llegar medicamentos, material informático y juguetes a la franja de Gaza, y grabar todo en un documental gracias a la colaboración de Günter Stampf, propietario de una productora alemana y responsable de la web www. stampfwerk . de.
Se grabará un documental
El equipo de Stampf será el encargado de grabar en vídeo la historia del viaje desde Eivissa hasta Gaza. «Esperamos que la ayuda humanitaria llegue a la franja antes de Semana Santa», comentó Oliver.
El proyecto cuenta con el apoyo del Consell de Eivissa, que facilitará asesoramiento diplomático gracias a la colaboración de su director de Relaciones Ciudadanas, Paco Chamizo.
Otra ayuda importante para la ONG Ibizagaza . org proviene del gobierno de Libia. Federico Chiarva, responsable de la web www. sirti . it, ha conseguido el apoyo de las autoridades libias, que cederán los aviones que llevarán la ayuda humanitaria hasta Gaza.
«Libia nos dejará los aviones que hagan falta», explicó ayer Oliver. Chiarvi trabaja instalando fibra óptica en este país africano. Su jefe es el hijo del presidente, Muammar al-Gaddafi, que también colabora con el proyecto.
La ayuda humanitaria partirá de Eivissa. El viaje en avión tendrá como primer destino Madrid, luego viajará hasta Chipre y entrará en Gaza tras hacer escala en Egipto, aunque los detalles aún no están concretados.
Además, la compañía Spanair también ayudará a esta ONG y cederá de forma gratuita los vuelos de enlace que sean precisos para llevar a cabo este proyecto.
La fundación Recover ayuda a Ibizagaza.org con donaciones de material sanitario y de medicamentos, así como con asesoramiento para seleccionar los que donen los particulares.
La compañía de telefonía móvil Orange también ha suscrito un acuerdo con esta ONG para rebajar las tarifas a los colaboradores.
El proyecto ha recibido asimismo el apoyo de algunas personalidades del mundo del deporte y del espectáculo, como Rafa Nadal, Nacho Cano y Loles León, entre otros.
Sant Josep no ve irregularidades de Huerta en el caso de ses Salines
Remite el expediente al juzgado con un informe en el que apunta que no parece que haya nada anómalo en el certificado de final de obra de una reforma. Constata que hubo un ampliación sin autorización posterior
EIVISSA |E. R.
El Ayuntamiento de Sant Josep no ve, en principio, sobre los papeles que obraban en la institución ninguna actuación irregular del ex arquitecto municipal Antonio Huerta en la certificación del final de obra de una vivienda en ses Salines. El titular del Juzgado de Instrucción número 3, Pablo Mendoza, ha abierto una nueva causa contra Huerta por un posible delito de falsedad documental al certificar presuntamente el final de una obra ilegal e ilegalizable tres años antes de su finalización y al amparo de una licencia de obras de reforma y no de ampliación, según la denuncia de la Fiscalía.
El nuevo arquitecto de Sant Josep se desplazó hace unos días para comprobar el alcance de las obras realizadas y hacer un informe, que ya ha sido remitido al juzgado junto al expediente tramitado por el Consistorio. El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, explicó que el informe del nuevo técnico señala que las obras por las cuales en su día se solicitó una licencia (para la sustitución de las baldosas del porche, las ventanas y otras cuestiones menores más) ya habían concluido, lo cual estaba certificado con el correspondiente final de obra, firmado por Huerta en 2004. Prats asegura que probablemente hubo «una ampliación posterior», constatada ahora por el nuevo arquitecto del Ayuntamiento, que se ejecutó sin ninguna autorización municipal. No consta en el expediente ninguna actuación más del ex arquitecto municipal ni del Consistorio sobre esta vivienda en el expediente, según el edil.
Prats asegura que hasta ahora no había tenido ningún conocimiento sobre las obras ilegales de ampliación de esta vivienda y que, como el expediente forma parte de una investigación judicial, se deberá encargar un informe jurídico a los servicios técnicos de la casa antes de decidir si procede o no instruir un expediente de infracción urbanística. «Tenemos que esperar las indicaciones que nos hagan desde el juzgado», justifica el edil.
La denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears se basa en la información facilitada por la conselleria balear de Medio Ambiente que aporta, además, la copia de la licencia de obras otorgada por el Consistorio, la copia de la solicitud del propietario del certificado de final de obra y cédula de habitabilidad, entre otros documentos. El fiscal también argumenta en su denuncia que la casa se encuentra en zona ANEI. Sin embargo, Prats señala que se encuentra en suelo urbano. «La casa cuya referencia nos ha remitido el juzgado se encuentra en suelo urbano», dice el concejal de Urbanismo, que asegura, además, que la ampliación de la casa se ha hecho dentro de la misma parcela y no afecta al área de máxima protección que la rodea.
CCOO insta a las empresas a analizar si presentan riesgos de acoso laboral
Más de 70 delegados sindicales asistieron ayer a un seminario sobre ´mobbing´ y acoso laboral en el que constataron las dificultades para poner en marcha medidas preventivas en los puestos de trabajo
EIVISSA | L. F. A.
Denunciarlo ante los jefes, llamar a la Inspección de Trabajo, contar con testigos dispuestos a declarar. Muchas veces el verdadero calvario del trabajador que subre acoso laboral o mobbing comienza cuando decide poner fin al problema afrontándolo con los medios a su disposición. Esta es una de las conclusiones que se extrajeron ayer del seminario sobre acoso laboral que organizó el sindicato CCOO y que contó con la asistencia de 70 delegados sindicales y varios alumnos de formación profesional.
El consejo del ponente, Manuel Fernández Martín, técnico del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), es que las empresas «se pongan manos a la obra en prevención y elaboren estudios sobre los posibles riesgos de acoso laboral que se pueden presentar antes de que se den situaciones problemáticas». Fernández valora que muchas empresas hayan incluido en sus convenios protocolos de intervención en caso de acoso laboral o sexual pero cree que «sería mucho más positivo hacer un trabajo de evaluación previa que evitaría tener que llegar a encontrarse con casos concretos».
Rechazo manifiesto
El experto considera que el empresario «tiene que declarar públicamente en la empresa su rechazo al acoso laboral y publicitar las medidas con las que cuenta para atajarlo o afrontarlo, de manera que se sepa claramente que es una conducta reprobable». También aconseja determinar muy claramente «cuáles son las conductas que se definen como acoso y no sólo atender a la víctima sino estudiar qué hay detrás».
«Si para cambiar las cosas hay que proponer al empresario un estudio ´para detectar condiciones laborales deficientes para mejorar la productividad´ en vez de un ´estudio sobre el acoso laboral´ porque esto último resulta más agresivo, habrá que hacerlo para tratar de introducir este tipo de medidas».
En el debate posterior a las ponencias, los trabajadores pusieron de manifiesto los problemas con los que se encuentran en sus lugares de trabajo como el hecho de que los cargos intermedios no tengan conocimientos de gestión de recursos humanos o gestión de personal, lo que se suele traducir en problemas con la plantilla.
Fernández Martín asegura que un buen sistema para evitar que haya malentendidos y tensiones entre el personal y la dirección de la empresa «es articular reuniones de trabajo regulares sobre los problemas y sugerencias respecto al trabajo cotidiano e incluso crear un buzón de sugerencias en el que se puedan expresar posibles mejoras en las condiciones laborales». Para llegar a ello «hay que mejorar la comunicación entre jefes y trabajadores». Según el ponente, la incomunicación es uno de los problemas básicos y se ha demostrado que su mejora tiene consecuencias positivas incluso en la productividad de la empresa. «Puede que esto no sea la panacea para solucionar todos los problemas pero es un pasito positivo importante», aseguró. «En el fondo los intereses del trabajador y del empresario son los mismos y este tipo de pasos suponen un beneficio para el empresario y para el trabajador».
Los asistentes también debatieron sobre la falta de motivación en el puesto de trabajo y sobre la importancia de poder promocionar dentro de la empresa con criterios objetivos.
El ponente contó con la presentación de Agustín Gutiérrez Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO en Eivissa.
El PP pide que los ayuntamientos gestionen los servicios sociales
Los populares han presentado una enmienda a la totalidad a la nueva ley
EIVISSA | R. S.
El Partido Popular pidió ayer una descentralización de los servicios sociales dentro de cada isla y favorecer la cesión de estas competencias a los ayuntamientos, según explicaron en una rueda de prensa el presidente del PP en Eivissa, Miquel Jerez, y el diputado del Parlament balear, Toni Serra.
El PP ha presentado medio centenar de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Balears, y una enmienda a la totalidad. «La Ley debe adjuntar una memoria que haga posible evaluar su viabilidad económica», explicó Serra. Este es uno de los puntos claves por los que los populares presentan esta enmienda a la totalidad.
Según el partido de la oposición, sin esta memoria económica la ley puede reproducir las problemáticas que tiene en la actualidad la aplicación de la Ley de Dependencia.
Otra crítica de los populares a la tramitación de la nueva ley de servicios sociales, según comentó Serra, es que no concreta los servicios específicos que utilizará para cumplir sus objetivos.
Estos objetivos serán definidos con la creación de una cartera de servicios en el futuro, según explicó el diputado pitiuso. «Aprobar una ley que no venga acompañada de una propuesta de decreto que defina la cartera de servicios supone un cheque en blanco a la voluntad del Govern actual y de los futuros», según los populares. «Si se concreta esta cartera de servicios podrían contar con nuestro apoyo», añadió el diputado ibicenco.
«Hay personas que han solicitado las ayudas de la Ley de Dependencia hace un año y aún no disponen de ella», criticó Serra, que calificó esta situación como un «engaño» por parte del gobierno socialista.
El GEN anuncia una investigación de la UE por la concesión del puerto deportivo de Ibiza Nueva
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) informó ayer de la apertura por parte de la dirección general de Mercado Interior de la Unión?Europea, de una investigación del proceso de adjudicación del puerto deportivo de Ibiza Nueva, en Vila, que concluyó la Autoridad Portuaria otorgando la concesión a la empresa Semar.
En un comunicado, los ecologistas recuerdan que, según la legislación española, «las adjudicaciones de actividad en zonas de dominio público ( ) se han de otorgar con criterios de interés público». El GEN considera que «en este caso, como al parecer en todos los que tiene alguna cosa que ver la Autoridad Portuaria de Balears, el interés público tiene poco o nada que ver con la concesión otorgada que, por una parte, reduce el número de amarres disponibles en el interior del puerto de Eivissa y, por otra, encarece las tarifas hasta límites inasumibles para la mayoría de los usuarios».
El GEN también denuncia que la concesión fue «otorgada por la Autoridad Portuaria como medida de presión para forzar la aceptación del proyecto del nuevo puerto al abrigo de es Botafoc», consensuado recientemente con el?Consell y el Ayuntamiento de Eivissa. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas
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