Los sindicatos advierten que el inicio de la temporada alta puede acarrear más despidos
La manifestación contra los despidos masivos convocó a medio millar de personas en Vila. El manifiesto que cerró el acto responsabiliza a la especulación financiera de la crisis y pide más facilidades para acceder al paro
Medio millar de trabajadores recorrieron ayer las calles de Vila en la primera movilización contra los despidos masivos que está generando la crisis. Los sindicatos mayoritarios anuncian que se pueden recrudecer las rescisiones de contrato en el inminente inicio de la temporada turística y aconsejan a los empleados del sector que estén alerta ante el posible retraso en la llamada a incorporarse a sus puestos de trabajo. Los convocantes reclaman apoyos a la economía productiva y a las familias, además de más facilidades para acceder al subsidio del desempleo mientras duren los efectos de la crisis.
EIVISSA | ALBERTO FERRER
Medio millar de personas, según el recuento de este diario, y alrededor de 800, según los sindicatos participaron ayer en la marcha que recorrió el centro de Vila para reclamar más calidad en el empleo y el final de los despidos abusivos que denuncian que están practicando muchos empresarios. Las centrales, que se mostraron «satisfechas» con la convocatoria, recuerdan que la práctica paralización que aseguran que afecta a la construcción ha conllevado «rescisiones de contrato que en la mayoría de ocasiones se han saldado sin finiquito para el trabajador», denunciaba Felipe Zarco, de Comisiones Obreras. Por eso piden a los trabajadores de la hostelería que estén alerta ante la próxima campaña de verano.
Los despidos han afectado especialmente a la fuerte inmigración que han recibido las islas en los últimos años y se ha incorporado al sector del ladrillo. «La falta de información de estos colectivos», explica Diego Ruiz, de UGT, «les hace víctimas fáciles de los engaños de los empresarios». Muchos de ellos habrían aceptado su despido a cambio «de que se les arreglen los papeles del paro», cuando recuerdan que se trata de una obligación legal del patrón. Zarco comentaba que en la construcción se han cobrado salarios muy altos, «pero en negro». Tanto que la mayoría de nóminas «son menos que ´mileuristas´, y sobre eso se calcula el paro que están cobrando muchos»
Pero el líder de USO en las Pitiüses, Enrique Lorenzo, asegura que los despidos ya han sobrepasado las fronteras del sector del ladrillo y «afectan ya al comercio por la fuerte caída en el consumo de los últimos meses». Es más, Lorenzo pronostica un inicio «nefasto» de la próxima temporada turística en el que se retrasará de manera generalizada la llamada a la incorporación de sus puestos de trabajo de los fijos discontinuos. Además, «llegará mucha gente con la esperanza de trabajar en la temporada y se encontrarán sin nada».
Zarco opta por prevenir y asegura que Comisiones ha dado orden a sus enlaces sindicales de que estén alerta de que, si no les llega el preaviso para incorporarse a su puesto de trabajo, tienen «20 días a partir de su fecha habitual de incorporación para reclamarla. Si no se quedarán sin nada». Esto ya se detectó el año pasado, afirma Zarco, que pronostica que esta temporada «sucederá mucho más».
UGT, CCOO y la Unión de Consumidores apuestan por un decálogo que facilite el acceso a hipotecas a bajo interés y préstamos blandos para las familias, esquivando la cicatería de las entidades bancarias, según una propuesta presentada ayer.
Los convocantes no echaron en falta a los representantes de la Administración que en los últimos días se manifestaron a favor de sus reivindicaciones. Participaron, a título personal, el vicepresidente del Consell, Albert Prats, que confía en que «no pague la crisis el más débil, el trabajador. No se ha de ceder en ninguna conquista social». También acudió el conseller de Ordenación, Miquel Ramon, que advierte que algunas empresas «aprovechan la crisis para deshacerse de parte de su plantilla sin estar justificado». Su compañero de militancia en Izquierda Unida y teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, considera que las medidas puestas en marcha desde la Administración local «nunca serán suficientes», pero considera que Vila «ha hecho un esfuerzo presupuestario» para llegar a mucha más gente en situación de necesidad.
Todos ellos estuvieron al lado de trabajadores anónimos como Manuel, obrero que no trabaja desde diciembre y está a punto de acabársele el paro. Su último contrato fue de dos meses después de varios más en la cola del SOIB. «Si no protestas no vas a comer nunca», sentencia.
Chari y Maribel son pesimistas ante el verano. Las dos son camareras de habitaciones y en su empresa ya despidieron el año pasado, cuando las previsiones eran buenas, a 17 personas de todos los rangos. «Y eso que hacían falta brazos», sentencia Chari. «Nos van a echar a todos», asegura su amiga, que está aquí «para que traten a los trabajadores como personas, que no lo hacen».
La marcha sigue hasta Vara de Rey, llena de banderolas rojas, blancas y verdes. La pancarta que abre la manifestación pide el final de los despidos. En el manifiesto, el mismo que escucharon los trabajadores en Mallorca y Menora en otros actos como éste, se responsabiliza de la situación a «las estafas financieras internacionales, la falta de financiación a la economía productiva y la irresponsabilidad» de los empresarios que aprovechan la situación para despedir trabajadores «sin justificación. Piden un cambio de modelo productivo y más solidaridad entre los empresarios.
Correos reabre en Santa Eulària
La reforma de la oficina del Passeig de ses Fonts se inaugura hoy. Ofrece servicio a los más de 30.000 residentes de la localidad
EIVISSA | C.N.
Correos tiene previsto inaugurar hoy en Santa Eulària la reforma de la oficina central de esta localidad, que se encuentra en el Passeig de ses Fonts. En las obras de mejora de esta oficina se han invertido 581.000 euros, aunque en esta cantidad también se incluyen los trabajos para habilitar la sede provisional (ubicada en el número 86 de la calle Sant Josep), que ha permanecido abierta mientras han durado las obras en la central.
La nueva sede de Correos en Santa Eulària tiene una superficie de 312 metros cuadrados y dispone de 867 apartados postales. El nuevo espacio acogerá la atención al público y la Unidad de Reparto de esta localidad, donde prestará servicio a más de 30.000 residentes.
El responsable de comunicación de Correos, Abel Pérez, explica que la reforma de esta oficina permitirá mejorar también «las condiciones laborales de su actual plantilla de 18 trabajadores» en Santa Eulària, que está compuesta por siete carteros urbanos, tres carteros rurales, un jefe de reparto y otro de oficina y seis empleados para la atención al público.
En cuanto a futuras actuaciones en las Pitiüses, Correos informa que está llevando a cabo obras de reforma en la oficina de Sant Antoni y que tiene previsto hacer lo mismo con la de Sant Francesc, en Formentera.
Pérez insiste en que Eivissa cuanta con el mayor ratio de oficinas de Correos por habitante de España.
Solicitan el embargo de bienes de los imputados en el ´caso Barceló´ para cubrir la fianza
La defensa de dos afectados denuncia que los avales presentados por los acusados y las empresas sólo suponen el 60 por ciento de la cuantía fijada por el juez
EIVISSA | N. G. G.
La defensa de Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda, los afectados por el derrumbe del edificio de Viajes Barceló que permanecieron en huelga de hambre durante una semana, ha pedido el embargo preventivo de los bienes y derechos de los tres imputados y de las empresas responsables solidarias para cubrir la fianza establecida en el auto de apertura de juicio oral.
Según esta parte, los avales presentados hasta el momento sólo suponen el 60,4 por ciento de la cuantía fijada por la juez, cantidad que asciende a 2,93 millones de euros y que debe servir para garantizar la responsabilidad civil que pudiera determinarse en caso de condena.
Fuentes jurídicas precisaron que los representantes legales de Inmuebles de Balears y de Viajes Barceló -ambos imputados en la causa-, Antonio D. B. y Juan Simón P. F., respectivamente, presentaron sendos avales por 587.467 euros, mientras que el de su homólogo de Construcciones Saguri, Jesús F. L., también acusado, ascendía a 601.012 euros. Estas cantidades suman 1,77 millones de euros, con lo que quedarían pendientes los 1,16 millones restantes.
Los embargos
Ante esta situación, el abogado defensor de Miranda y Peciña, Santiago Lucas, ha pedido un embargo preventivo de los bienes y derechos de Inmuebles de Balears S. L. Viajes Barceló. En el caso de la primera mercantil, el embargo afectaría a saldos y depósitos en entidades bancarias, a rentas y fianzas depositadas por arrendamientos y a los propios locales. Para la segunda, además de los saldos y depósitos en los bancos, se ampliaría también a los derechos de facturación, los cobros pendientes, las acciones en Inmuebles de Balears, entre otros.
Respecto a Construcciones Saguri, se pone de manifiesto que su representante legal ha realizado actos de enajenación sobre sus propios bienes y sobre los de la mercantil de forma que se ha desprendido de la propiedad pero conserva el usufructo. Por ello no se realiza designación de bienes susceptibles de ser embargados, si bien se insta a la juez a comunicar esta situación a la Fiscalía por si se hubiera incurrido en un presunto delito de alzamiento de bienes y para que se incoen las correspondientes acciones penales.
Excursión de intercambio entre Formentera y Sant Josep este sábado
EIVISSA | REDACCIÓN
El Consell de Formentera y el Ayuntamiento de Sant Josep han programado para este sábado una excursión de intercambio entre los dos lados del Parque Natural de ses Salines. Los primeros en viajar serán los formenterenses, aunque en próximas fechas los josepins devolverán la visita.
El viaje, para el que ya se han inscrito una veintena de personas, saldrá a las 10 de la mañana del puerto de Formentera. A las 11 visitarán el poblado fenicio de sa Caleta y la torre de sa Sal Rossa, y a la una la iglesia de Sant Jordi antes de comer. A las 16 horas está prevista la vuelta a Formentera. El precio es de 5 euros y las inscripciones se pueden formalizar en la conselleria de Medio Ambiente de Formentera: 971 32 10 87 ext. 7.
La excursión tiene como objetivo que los ciudadanos de las dos islas tomen conciencia de la importancia de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
Sant Josep da un mes de plazo para demoler la vivienda del Puig d´en Serra
Si la promotora no inicia la demolición, será el propio Ayuntamiento de Sant Josep quien actúe de manera subsidiaria para cumpir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears
La promotora de la vivienda del Puig d´en Serra tiene un mes de plazo máximo para comenzar a demoler la edificación. Así lo ha dictaminado la última comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep tras resolver el último recurso presentado por la empresa Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg SA. La vivienda contaba con licencia municipal pero fue declarada nula por una sentencia judicial y por este motivo también fue procesado el ex alcalde de Sant Josep, el popular José Serra Escandell, además de varios miembros que integraban el equipo de gobierno en 1992, año en que se concedió la licencia de obra. Todos fueron absueltos pero, diez años después de su concesión, la licencia se declaró nula.
El expediente para la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Balears referente a la demolición urgente de la casa ilegal de Puig d´en Serra se hizo público hace casi dos años, aunque no fue hasta febrero de 2008 cuando el Consistorio accedió a la vivienda con el objetivo de recabar toda la información y las medidas de la finca necesarias para redactar el proyecto de demolición.
En el caso de que la promotora no iniciase la demolición en el plazo previsto, el Ayuntamiento deberá actuar de forma subsidiaria a fin de cumplir con la sentencia dictada y cumplir así con la legalidad. El recurso presentado por la promotora incluye varias alegaciones técnicas referentes al proyecto de demolición de la vivienda presentado por el Consistorio, según explica el Ayuntamiento en un comunicado.
El proyecto de demolición de la vivienda, construida a 330 metros de altitud y que infringía numerosas premisas regladas para diferentes normas de protección, contempla la retirada de todos los cimientos y espacios exteriores de la vivienda y, además, incluye la eliminación de todos los escombros y la recuperación paisajística del entorno y la topografía del terreno.
El presupuesto total de ejecución del proyecto asciende a 103.535 euros. Sumando el IVA y otros conceptos, la cantidad llega hasta los 142.919 euros.
En la documentación recogida para el proyecto de demolición «también se contemplan diferencias entre el proyecto autorizado y el que se ha construido, y es que la vivienda consta de 529 metros cuadrados y un volumen de 1.588 metros cuadrados», indica el Consistorio, unas medidas que superan lo que refleja la licencia anulada. Las obras de demolición se realizarán por pinza, es decir, elemento por elemento.
El PP denuncia quemas incontroladas en el vertedero de Formentera
EIVISSA | REDACCIÓN
El PP de Formentera denunció ayer la realización de quemas «muchas veces incontroladas» en el vertedero de es Cap de Barberia desde que gobierna la coalición formada por GxF y PSOE. Los populares sospechan «que bajo el precepto de quemar únicamente resto de poda, el Consell aprovecha para quemar también otro tipo de restos». Según ellos, se están destruyendo además residuos de carpintería, maderas tratadas con productos químicos y plásticos.
Desde la formación política aseguraron entender «la indignación de los vecinos de la zona» que, según apuntan, deben soportar molestos humos y olores cada vez que tiene lugar una quema de estas características.
Ante esta situación, indicaron que solicitarán las correspondientes explicaciones a la conselleria de Medio Ambiente y al presidente del Consell, Jaume Ferrer, y que, «si no son convincentes», tomarán las medidas oportunas por «permitir esta actividad y engañar a los vecinos». A juicio de los populares, las quemas que se están desarrollando podrían constituir incluso un delito medioambiental.
En un comunicado, expresaron su deseo de que este vertedero se clausure en esta legislatura ya que «para ello existe una partida en los presupuestos». Asimismo, anunciaron que en próximo pleno presentarán una moción para que se compre una nueva trituradora industrial o se use correctamente la actual.
El alcalde insiste en que el derribo de la casa de Cretu depende de la orden de desalojo
EIVISSA | A. P.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, insistió ayer en que el derribo de la casa de Cretu está pendiente de que llegue la autorización judicial para su desalojo de los habitantes de la vivienda. Además, aseguró que hará efectiva la multa de mil euros correspondiente al mes de marzo, que le ha impuesto el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Palma por incumplimiento de la sentencia que ordena el derribo de esta construcción ilegal.
No obstante, Sala señaló: «No ha habido ningún retraso voluntario y tampoco se me ha oído en audiencia previamente a la imposición de la multa como se indica que debería hacerse en varias resoluciones judiciales. Se ha dictado la resolución sin tener ocasión de defenderme ante el juzgado y lo tendré que hacer en apelación, pero mientras tanto tendré que acatar la sentencia».
Sala recordó que los recursos interpuestos por la propiedad de la casa de Cretu retrasaron el procedimiento. «Ahora hace ya unos días que estamos pendientes de la autorización de desalojo, aunque se nos dice que se dará cuando acreditemos que no nos dejan entrar, pero ya se ha dicho muchas veces que no nos dan permiso. Tendremos que ir con un notario que dé fe de ello, pero esto no es colaboración institucional», explicó Sala.
El alcalde no comprende cómo se decreta la sanción si antes no se ha autorizado el desalojo: «Deberemos recurrir a la Guardia Civil y ésta necesitará contar con una orden judicial que le ampare en su actuación para permitir el derribo», subrayó. «Actuaré judicialmente como corresponda -agregó- para defenderme y para que se revoque esta resolución, pero no quiero opinar cómo ha actuado el juzgado. Lo más importante es que no ha habido actitud obstruccionista por parte de nadie, no hemos obtenido el auxilio judicial que el auto inicial de febrero de 2007 anunciaba y se ha impuesto la sanción sin concederme el derecho de defensa», subrayó. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas
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