Los centros públicos tienen el triple de alumnos con necesidades especiales que los concertados
El ´Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears´, elaborado por el Consell Escolar Balear, revela que los colegios de las Pitiüses son los más masificados, acogen mayor número de extranjeros y ofrecen menos servicios
El Consell Escolar Balear presentó ayer en Eivissa (más de un mes después de que se hiciera en Palma) el ´Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears´, que pone de manifiesto «datos que se intuían», según reconoció ayer su presidente, Pere Carrió. Los números del estudio ponen de manifiesto las diferencias de los centros de las Pitiüses con los del resto de la Comunitat: son los que tienen las aulas más masificadas, los que ofrecen menos servicio de comedor, los que acogen más alumnado extranjero y en los que la tasa de interinidad de los profesores es más elevada.
EIVISSA | MARTA TORRES
El número de alumnos extranjeros y con necesidades especiales que acogen los centros públicos de las Pitiüses es tres veces mayor que el de los centros concertados, según el ´Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears´ elaborado por el Consell Escolar Balear con datos del curso 2006-2007. En los centros públicos estos alumnos representan el 20,4 por ciento mientras que en los concertados es sólo del 6,4 por ciento. «Estas diferencias se encuentran, a veces, en la misma zona de escolarización y en colegios situados a escasa distancia», se lee en el apartado del estudio correspondiente a las Pitiüses que presentó ayer Edelmiro Fernández, representante del STEI y miembro de la comisión que ha elaborado el informe.
El presidente del Consell Escolar Balear, Pere Carrió, destacó en la presentación de los datos referentes a toda la Comunitat que el número de alumnos por aula y la tasa de escolares extranjeros en los centros de Eivissa y Formentera son los más altos de las islas.
«Eivissa presenta las cifras más elevadas de niños por aula en la enseñanza pública de todas las islas», señala el informe. En Eivissa hay una media de 22,4 alumnos (21,7 en Balears). «También las más altas en la educación privada (24,9 alumnos por aula) y las segundas más elevadas en la concertada (25,9 escolares por clase)», añade el estudio, que alerta de que en Infantil y Primaria hay clases de centros concertados que acogen a más de 26 niños. En el caso del alumnado extranjero, la media balear es del 14,2 por ciento del total. En Eivissa la cifra es tres puntos superior y en Formentera alcanza el 18,1 por ciento.
Faltan comedores
Otro de los aspectos en los que la situación de las Pitiüses es peor que la del resto de Balears es en los servicios complementarios que ofrecen los colegios. Sólo tres de los 35 centros de las Pitiüses tenían comedor el curso 2006-2007, un 8,5 por ciento. En Mallorca el 77,8 por ciento de los colegios tiene este servicio y en Menorca, el 63,1 por ciento. Algo similar ocurre con la ´escola matinera´, que permite a los padres que trabajan pronto dejar a los niños en el colegio una hora antes de que comiencen las clases. En Primaria lo ofrecen el 2,7 por ciento de las escuelas pitiusas (6,6% en Mallorca) y en Infantil, el 5,1 por ciento (12,1% en Mallorca).
Edelmiro Fernández apuntó al alto porcentaje de profesores interinos como otro de los problemas de la educación en las Pitiüses, ya que es mucho más elevado que las medias balear y española. «En concreto, el 59,6% del profesorado de Infantil y Primaria de Formentera y el 36,6% de Eivissa eran interinos (en Mallorca, un 21%); el 78% de los profesores de Secundaria de Formentera y el 52,5% de Eivissa eran interinos (en Mallorca un 35,5%)», indica el informe.
Tanto Fernández como Carrió destacaron el bajo porcentaje de alumnos de las Pitiüses que optan por la Formación Profesional al acabar la Secundaria, en comparación con el resto de Balears. «La mayoría opta por estudios que socialmente se consideran de más nivel y quizás habría que reflexionar sobre la falta de técnicos que hay en la sociedad», añadió.
Edelmiro Fernández insistió una vez más en la falta de transporte escolar en las etapas educativas no obligatorias, como son Infantil, Bachillerato o ciclos formativos. «Hay que pensar que la dispersión de la población no es igual en Eivissa que en Mallorca y en Sant Agustí o Sant Llorenç esto representa un problema que debería abordarse», concluyó.
El fiscal pide que se vuelva a imputar a Tarrés por falsedad documental
La Fiscalía considera que el juez instructor «se excedió en sus funciones» al declarar sobreseído el presunto delito y señala que ello corresponde decidirlo al tribunal. «El instructor ha de investigar, no juzgar», señala
EIVISSA | JOAN LLUÍS FERRER
El fiscal Antoni Torres ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez José Espinosa -que instruye el caso Eivissa Centre- de anular la imputación del presidente del Consell, Xico Tarrés, por un presunto delito de falsedad documental. La fiscalía, en su escrito, pide que se revoque la ´desimputación´ de Tarrés y «se permita la investigación de los hechos» al considerar que el juez fue más allá de sus atribuciones al archivar los cargos que pesan sobre el presidente.
El auto, que ya ha sido admitido a trámite por el juez instructor y deberá ser resuelto en un sentido u otro por la Audiencia Provincial, afirma que José Espinosa «adopta una decisión que ni está prevista en la ley (podríamos denominarla ´desimputación parcial por el objeto´) y que, además, supone, de forma incomprensible, acordar el sobreseimiento provisional anticipado respecto a dicho imputado en relación al presunto delito de falsedad». El fiscal considera que ello «choca» con las leyes, que «otorgan al juez instructor un papel de investigador jurídico, no de juzgador».
El juez afirmó en su auto de ´desimputación´ que «no está probado» que Tarrés conociera la divergencia entre las dimensiones del edificio de Joan XXIII que firmó en un acta y las que realmente tenía el inmueble. Sin embargo, el fiscal advierte: «Asume el juez instructor, con dicha decisión, facultades que sólo al tribunal del fallo corresponden, y lo hace además sin motivación ni explicación alguna».
«Exceder sus facultades»
«En definitiva, de una forma tácita, en el auto se considera que el imputado obró por error o por ignorancia», señala Torres, que reitera: «Tal valoración excede de las facultades que se atribuyen a un juez instructor, el cual debe delimitar los presuntos hechos punibles sin posibilidad de realizar valoraciones (…)», que serían «competencia del tribunal o juez sentenciador».
Aparte de todo ello, Torres considera que el presunto delito de falsedad documental «ni hubiera debido merecer, tal y como se hizo, una imputación autónoma», es decir, específica para este supuesto delito, el cual, en todo caso, se iría averiguando dentro de la investigación general del caso «sin necesidad de ir formulando imputaciones concretas».
Por su parte, el abogado de la acusación, Andrés Tuells, expresó ayer su satisfacción por este escrito de la Fiscalía, que apoya las tesis que mantiene Roque López. De hecho, el juez también admitió ayer a trámite un recurso parecido presentado por Tuells.
También se cita a declarar como testigo al actual responsable del Patronato municipal de Deportes de Eivissa, José Antonio Boned.
El mismo auto desestima en cambio la personación como acusación de la asociación de Afectados por el Proyecto Eivissa Centre.
El Ayuntamiento de Ibiza defiende la legalidad del nuevo empedrado denunciado en Dalt Vila
El GEN insta al Consell Insular a intervenir ante «la destrucción de la escalera de piedra de sa Costa Vella». El equipo de gobierno afirma que la reconstruirá parcialmente con materiales originales
EIVISSA | J. LL. FERRER
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa volvió a defender ayer, en un extenso comunicado, la legalidad de las obras del nuevo empedrado que se está colocando en varias calles de Dalt Vila y aseguró que reconstruirá, parcialmente con elementos originales, la escalera de piedra de sa Costa Vella, que según denunciaron ayer el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) y el Institut d´Estudis Eivissencs «ha sido arrasada» durante estas obras.
El GEN dio a conocer ayer que «el atentado contra el patrimonio histórico que tiene lugar en Dalt Vila no se limita a la eliminación de los tradicionales empedrados del siglo pasado, sino que se ha arrasado por completo la escalera de sa Costa Vella, en la calle Sant Josep, y también ha afectado ya a parte de la escalera que lleva al Seminario, protagonistas de tantas postales y fotografías de la ciudad antigua». Por ello, instó al Consell Insular a que «no se quede de brazos cruzados» ante esta situación.
Ayer mismo, el equipo de gobierno se reunió con los técnicos responsables de las obras «y ha llegado a la conclusión de que la decisión que se tomó hace unos años sobre la pavimentación es absolutamente correcta y cumple escrupulosamente con la normativa de protección del núcleo histórico». Además, «la tramitación de las obras también ha sido la que se corresponde a trabajos que se desarrollen en el núcleo histórico, regulados en el Plan Interior de Protección y Reforma Interior (Pepri).
Adoquines gris plomo
El comunicado repite, en líneas generales, los argumentos empleados este lunes por el concejal del área en rueda de prensa. En las calles Santa Anna y Sant Josep «el pavimento estaba en muy mal estado» y se colocarán adoquines de 10×10 cortados con cizalla de forma irregular de granito gris plomo «debido a su resistencia al desgaste, buen comportamiento frente a los resbalones y color ligeramente azulado similar a la piedra caliza». En la calle Sant Josep, dado que se ensancha la calle, será tratada como una plaza, «hecho que se enfatizará con un pavimento de losas de granito gris plomo de 40×60 centímetros».
En cuanto a la escalera de piedra, el Ayuntamiento de Eivissa indicó que se reaprovecharán las partes frontales de los escalones, que permanecen «actualmente guardadas». En cambio, la parte horizontal de los mismos se pavimentará mediante adoquines de 10×10, puesto que el material que había no tenía valor histórico, sino que «era de los años ochenta», aseguró un portavoz municipal.
La misma nota también defiende la correcta tramitación legal de las obras, la exposición pública de los expedientes e incluso su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Boib) «pese a no ser necesario», según señala el equipo de gobierno.
Las pymes pitiusas defienden las competencias autonómicas en comercio
Los consumidores se muestran favorables a la entrada de nuevas cadenas de alimentación. La CAEB advierte de que para algunas firmas no hay «viabilidad»
EIVISSA | R. S. /REDACCIÓN
La Petita i Mitjana Empresa d´Eivissa i Formentera (Pimeef) ha expresado su disconformidad con el anteproyecto de Ley de Comercio del Gobierno que, de ser aprobado, eliminará la necesidad de contar con licencia autonómica para la apertura de nuevos supermercados de hasta 2.500 metros cuadrados.
Alfonso Rojo, vicepresidente de esta patronal, asegura que son contrarios a que el Gobierno central «interfiera en las competencias de comercio ya transferidas en Balears y que nuestros ayuntamientos y el Govern pueden gestionar». Destacan que, mientras no se apruebe la nueva ley balear de comercio, existe en las islas una moratoria para la implantación de grandes superficies. La directiva Bolkestein exige eliminar estas limitaciones y la Pimeef recuerda que la mayoría de las comunidades, entre ellas Balears, han pedido que se mantengan criterios sociales, medioambientales o urbanísticos para evitar las grandes superficies fuera de las zonas urbanas y que se proteja el modelo comercial tradicional. Esta patronal incide en que todas las comunidades, excepto Madrid, quieren que la ley estatal sólo tenga unos mínimos comunes porque cada zona tiene una problemática diferente. Aseguran también que hay consenso entre las patronales y los partidos políticos de Balears en que la normativa autonómica debe ser prevalente.
La Pimeef se muestra especialmente reacia a la admisión de superficies de hasta 2.500 metros cuadrados, por lo que se han reunido ya con los diferentes partidos políticos para pedirles que «peleen» en Madrid lo que los comerciantes exigen desde Balears: una superficie máxima permitida de 800 metros en Mallorca, 400 en Eivissa y Menorca, y 200 metros en Formentera.
Desde esta patronal constatan que hay cadenas de supermercados y de material deportivo que han estado buscando locales comerciales en la ciudad e incluso aseguran que algunas firmas se han reunido ya con las instituciones para tantear la situación. Por todo ello, la Pimeef destaca que una de sus reivindicaciones es que las nuevas superficies comerciales se instalen en suelo urbano ya consolidado y no en polígonos industriales.
Joan Bufí, de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) señala que es «muy difícil luchar contra una ley de liberalización del comercio de carácter internacional, por lo que ni las comunidades autónomas ni el Gobierno pueden hacer gran cosa». Bufí añade que si bien es cierto que hay empresas esperando poder instalarse en Eivissa, también las hay que han descartado la isla porque consideran que no existe viabilidad de mercado. «Aquí tenemos Lidl, SYP, Suma, Hipercentro y si hubiese más competencia los precios serían más bajos, como ocurre en Palma, pero hay que tener en cuenta que allí también hay un mayor consumo y por este motivo las empresas prefieren instalarse alí», argumenta.
Los usuarios son los que acogerían la ley estatal de comercio con mayor entusiasmo. Carlos Salinas, portavoz de la Unión de Consumidores en Eivissa (UCE), apunta que siempre «es ventajoso para los consumidores que haya competencia, y si la nueva regulación nos la da, estamos encantados». «Lo que no se puede consentir es una ley que rebaja la competencia y va en contra de la libre elección de los consumidores», explica, para añadir: «Tampoco puede ser es que en Eivissa haya una cadena de supermercados que cope todo el mercado y tengamos que pasar todos por el aro».
La promotora dice que el Club Robinson tiene todos los permisos y que no es responsable de los robos
EIVISSA | REDACCIÓN
La empresa Nuevo Sol Ibiza SL, promotora del Club Robinson de Cala Vedella, en Sant Josep, asegura que la promoción «dispone de todos los permisos y licencias legalmente exigibles (cédulas de habitabilidad, boletines de instalación…)» y que «en modo alguno la promoción se halla deteriorada», tal como sostienen los residentes en la urbanización.
Nuevo Sol Ibiza afirma que en modo alguno es responsable «de los puntuales problemas de seguridad ciudadana que se hayan podido producir», en referencia a la oleada de robos que han denunciado los residentes a la Guardia Civil.
El Ayuntamiento de Sant Josep ha admitido que esta urbanización de Cala Vedella cuenta con final de obra aunque «está pendiente de que finalice su urbanización» para «poder recepcionar esta zona». Según el Ayuntamiento, «cuando los servicios técnicos municipales hacían los trámites correspondientes para forzar a los promotores a terminar esas obras, los expedientes fueron requeridos por el juzgado y fueron enviados a Palma para ser incluidos en la investigación del caso Huerta», que investiga la supuesta actuación delictiva del anterior arquitecto municipal.
Los hoteleros pitiusos alertan de que han sufrido el peor mes de enero en 10 años
El número de pernoctaciones durante el primer mes del año descendió un 54,2 por ciento respecto a 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. La reducción de turistas del Imserso, una de las claves
EIVISSA | L. F. A.
La Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera asegura que las cifras de ocupación y el número de pernoctaciones registradas en las Pitiüses en enero de este año son las peores de los últimos 10 años en este mes. Esta apreciación coincide con los datos estadísticos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según su observatorio turístico, el número de estancias en Eivissa y Formentera durante el mes de enero de este año bajó un 54,2 por ciento en comparación con 2008.
En total, en enero de este año las Pitiüses registraron 10.885 pernoctaciones, mientras que en 2008 fueron 23.768, una caída de 12.883 estancias. La mayor bajada se concentra en el número de estancias realizadas por visitantes españoles, que pasan de 20.418 en 2008 a sólo 7.430 en enero de este año. Por su parte, las estancias generadas por turistas extranjeros se mantienen prácticamente iguales: 3.455 este año, frente a 3.350 en 2008. Según el INE, en enero visitaron los hoteles ibicencos 3.066 residentes en España (5.158 en 2008) y 1.362 turistas residentes en el extranjero (1.010 en el mismo mes de 2008).
En lo que respecta a ocupación hotelera, el estudio del INE muestra un descenso de 18 puntos en enero de este año (21,03 por ciento de ocupación de las plazas abierta, frente a un 39,26 por ciento en enero del año pasado).
El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiüses, Juanjo Riera, admite que este invierno «se está notando el impacto de la reducción de plazas dirigidas al Imserso en Eivissa». Además, reconoce que el único hotel que ha abierto para el turismo senior en enero ha registrado una ocupación mucho más baja de lo habitual, en torno a un 50 por ciento, frente a un 90 u 80 por ciento de años anteriores. «Hay que admitir que el mes de enero ha sido bastante malo para Eivissa», dice el empresario.
El INE aporta otros datos significativos como el descenso de personal contratado por los hoteles abiertos en enero, que fue de 168 personas, frente a las 220 de 2008, a pesar de que ha abierto más planta este año (23 hoteles) que en 2008 (20), siempre según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Antoni Horrach, calificó ayer de «desorbitados» los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística, y matizó que el descenso de la ocupación de los hoteles de la isla fue del 4,3 por ciento en enero. Horrach se mostró su «sorprendido» tras conocer los datos difundidos, que arrojan una caída de las pernoctaciones de turistas en las islas del 29 por ciento respecto a la registrada el mismo mes del año pasado porque, según dijo, «no se ajustan a la realidad» y «contrastan» de lleno con los que manejan.
18 puntos menos de ocupación
La ocupación hotelera en enero de este año sobre la planta abierta ha sido de un 21 por ciento de las plazas, frente a un 39,2 por ciento en el mismo mes de 2008.
El TSJB no admite el recurso contra la nulidad de una licencia en Formentera
El edificio de locales está en la zona protegida del conjunto histórico de Sant Ferran
FORMENTERA | C. CONVALIA
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) considera que «no procede tener por preparado el recurso de casación» ante el Tribunal Supremo, tal y como pretendía el Consell de Formentera, en contra de la sentencia que anula la licencia de obras que fue concedida a la promotora Plaça de Sant Ferran S.L. para construir tres edificios de locales comerciales en la calle Major de Sant Ferran, en la finca conocida como Ca ses Castellones. El Consell expresó en el escrito remitido al tribunal el pasado 23 de febrero «su intención de interponer contra la misma recurso de casación». Este trámite es previo a la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El motivo es que considera «la resolución contraria a derecho y lesiva» para los intereses de la institución insular.
Esta resolución judicial está relacionada con la sentencia del pasado 9 de febrero favorable parcialmente al arquitecto Salvador Roig, que recurrió el acuerdo del Ayuntamiento de Formentera del 27 de abril de 2005 por el que se concedió la correspondiente licencia de obras. El conflicto parte de que los tres nuevos edificios se sitúan en el radio afectado por la declaración de conjunto histórico del centro de la localidad de Sant Ferran.
La sentencia del TSJB del 9 de febrero de este año declara nulos los citados acuerdos municipales relacionados con esta licencia y ordena «la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras, al amparo de la licencia anulada».
No procede casación
Ahora el TJSB considera que «no procede tener por preparado el recurso de casación», porque la sentencia que se trata de impugnar no es susceptible de ese tipo de recurso al no estar comprendido este supuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo «al no tratarse de una sentencia en única instancia, sino en segunda instancia al resolverse el recurso de apelación contra la resolución del juzgado».
El TSJB recuerda al Consell de Formentera que tiene ahora la posibilidad de «interponer recurso de queja», para lo que tiene de plazo hasta el próximo martes.
El Consell de Formentera, en el escrito remitido al TSJB, considera que la sentencia que anula la licencia de obras «infringe tanto las Normas Subsidiarias como la propia Ley de Patrimonio Histórico Artístico, por lo que respecta a la interpretación de ´edificabilidad´».
El caso de Ca ses Castellones ha puesto en evidencia la fragilidad legal de los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Formentera, con informe preceptivo de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha), en las zonas afectadas por la declaración de conjunto histórico vinculadas a las tres iglesias de Formentera -Sant Ferran, Sant Francesc y el Pilar de la Mola-. Cuando las obras o reformas se incluyen en el radio de 250 metros de la iglesia y si no existe el Plan Especial de Protección (PEP), como es el caso de Formentera, debe ser la Ciotupha la que informe de los permisos, tal y como ha ocurrido. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas
