La Audiencia decreta fianza de 100.000 euros para que Huerta pueda salir de prisión
Los magistrados aceptan el segundo recurso de la defensa del ex arquitecto municipal de Sant Josep. Critican la falta de información «relevante» aportada por el instructor para tomar una decisión en este caso
La Audiencia Provincial ha aceptado el segundo recurso presentado por la defensa del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta y permite que pueda salir de prisión previo pago de una fianza de 100.000 euros. La resolución de este tribunal (distinto al que desestimó a finales de diciembre el mismo recurso) destaca que carecía de información «relevante» sobre la instrucción, por lo que se ha limitado a examinar «la bondad del mantenimiento de la controvertida medida cautelar», la de la prisión preventiva. No cree que haya riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz podrá salir de prisión después de algo más de cinco meses privado de libertad si paga una fianza de 100.000 euros. La sección primera de la Audiencia Provincial dictó ayer mismo un auto en el que estima el recurso de apelación presentado por la defensa de Huerta y acuerda que éste pueda eludir la prisión provisional si abona la cantidad citada, aunque le prohíbe abandonar la isla sin autorización judicial y entrega del pasaporte, con la obligación, además, de presentarse semanalmente en el juzgado.
El tribunal destaca en su resolución que carecía de información previa «relevante» sobre la investigación del supuesto caso de corrupción urbanística, por lo que se ha limitado exclusivamente a «examinar la bondad del mantenimiento de la controvertida medida cautelar», la de la prisión preventiva. Así, la Sala resalta que desconoce «fidedignamente» el punto de inflexión que provocó que unas actuaciones instructoras iniciadas en el año 2005 desencadenaran a finales de 2008 la llamada Operación Pitiusa y el ingreso en prisión sin fianza de Huerta. Los magistrados explican que conocen los hechos investigados a través del informe documentado del Ministerio Fiscal, puesto que del auto del juez instructor recurrido (en el que denegaba por segunda vez la salida de prisión del arquitecto), de 11 de febrero, «es imposible siquiera adivinarlo», a lo que agregan que tampoco se han elevado a este tribunal «otras resoluciones que, sin duda, hubieran podido -y debido- ilustrar sobre la materia».
Cabe tener en cuenta que la Audiencia Provincial (en este caso la sección segunda) rechazó a finales de diciembre pasado el mismo recurso de la defensa de Huerta. Pocas semanas después, el abogado del arquitecto solicitó de nuevo al juez instructor la libertad de su defendido y, al ser desestimada, elevó de nuevo un recurso a la Audiencia. Éste recayó en manos de otro tribunal (la sección primera), que es el que ahora ha fallado en favor de los intereses del preso.
Huerta Briz ingresó en prisión de forma provisional y sin fianza hace cinco meses y 10 días, como consecuencia de la Operación Pitiusa en la que se produjo también la detención de su esposa, su hijo y la pareja de éste, así como el registro de las viviendas de la familia y su despacho privado. Huerta está imputado por la comisión supuesta de siete delitos, entre ellos malversación, cohecho y blanqueo de capitales, por ser presuntamente el cerebro de una trama de corrupción urbanística, cuya investigación sigue su curso, en la que éste hacía servir su cargo de arquitecto municipal de Sant Josep para ejecutar proyectos a través de la sociedad de su nuera (Keltike). El aparejador municipal, José Blanco, también está imputado.
Abundando en la tesis de la falta de información previa, el tribunal asegura «ignorar» las auténticas razones que amparan el riesgo de que el arquitecto pudiera destruir pruebas inculpatorias en el caso de que saliera de prisión, tal como alegaban el juez y el fiscal para mantener la medida cautelar. Sobre esta cuestión, los magistrados señalan que «el auto combatido» (el del juez instructor en el que rechazaba la salida de Huerta de la cárcel) se limita a indicar que sigue subsistiendo el peligro de destrucción de pruebas «porque hace escasamente un mes ya lo confirmó así la Audiencia (la sección segunda) y por ello sería incongruente descartarlo». El tribunal considera que el juez citaba el riesgo de destrucción de pruebas, pero no lo motivaba «mínimamente» en función de datos objetivos, «quedando la conclusión de instancia asentada en una pura sospecha o intuición [por más razonable que sea] que a estas alturas se erige en una vía inhábil para mantener la medida cautelar». Además, la Audiencia destaca que si la investigación judicial se halla bajo secreto sumarial, «no aventura en qué medida [por ahora] puede el recurrente no sólo tener acceso a datos secretos, sino intervenir torticeramente».
El área de Urbanismo de Formentera logra una eficacia «del cien por cien»
El conseller Escandell lamenta retrasos de «años» en casos que tramita Costas
FORMENTERA | C. CONVALIA
El conseller de Urbanismo de Formentera, Bartomeu Escandell, aseguró ayer que el departamento que dirige ha conseguido desbloquear numerosos expedientes de obras y otras solicitudes hasta alcanzar unos porcentajes de «eficacia» que alcanzan «el cien por cien».
Escandell aseguró que en 2006 la capacidad de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos en esta materia era del 40 por ciento, pero que desde hace dos años alcanza el 98 por ciento. La eficacia se mide en la relación a las solicitudes que entran en el departamento y las que salen. Los expedientes más comunes que tramitan los ciudadanos son licencias de obra mayor y menor, certificados de antigüedad, informes urbanísticos y licencias de segregación. Como dato significativo, el conseller aseguró que en 2008 había registradas 420 solicitudes de obra mayor y menor, de las que se resolvieron 202 de ese mismo año y 156 de años anteriores.
Otras administraciones
El conseller señaló que existen factores ajenos a la institución que hacen que muchos expedientes, sobre todo de obra mayor relacionados con viviendas en suelo rústico, se retrasen debido a que dependen de informes que emiten la Demarcación de Costas, la conselleria balear de Medio Ambiente y la comisión técnica de Urbanismo de Eivissa. En casos que, por ejemplo, tramita Costas, aseguró que existen retrasos «de años». Sobre la comisión técnica de Eivissa, indicó que se ha agilizado bastante y que la demora «puede ser de unos cuatro meses». En esa situación se encuentran 31 expedientes y otros 16 están pendientes de la moratoria sobre las zonas ANEI.
Otro dato significativo es que 135 solicitudes de licencias de obra, todas de obra mayor en suelo rústico, esperan a que sus promotores completen la documentación requerida, lo que provoca que queden paralizadas. Escandell citó el caso de una solicitud de licencia que está a la espera de que se complete la documentación pertinente desde 1983.
En el caso de las licencias de obra menor, el conseller aseguró que unos 200 expedientes están en la misma situación, lo que retrasa la tramitación. Aseguró que en estos casos si el promotor entrega toda la documentación solicitada desde el primer momento y es correcta, el tiempo de respuesta se sitúa «entre tres y cuatro semanas».
Empresarios del comercio pitiuso piden a sus 8.000 empleados que congelen sus salarios por la crisis
Los sindicatos reclaman una subida salarial de entre el 2% y el 4% y remarcan que el consumo caerá en picado si no se ajusta el poder adquisitivo de los trabajadores a la realidad de los precios
EIVISSA | LAURA FERRER ARAMBARRI
El presidente de la Asociación de Comercio Minorista de la Pimeef, José Javier Marí Noguera, consideró ayer «razonable» la propuesta de las patronales baleares en la mesa negociadora del convenio de comercio de congelar los sueldos a sus empleados. Marí Noguera asegura que «el sólo hecho de aguantar las plantillas como se está haciendo en Eivissa, sin despidos en pequeñas tiendas, está suponiendo un esfuerzo enorme para los empresarios». Recuerda, además, que ha sido un invierno «muy duro» pero que las consecuencias todavía no se han trasladado a las nóminas.
«Intentamos por todos los medios que no se reduzcan jornadas a los trabajadores y eso supone un esfuerzo por nuestra parte que se tiene que tener en cuenta». Marí Noguera remarca que la propuesta de la patronal «no es en beneficio de los empresarios sino la salida más recomendable para todos porque evitaría muchos despidos».
Admite que la negociacion «se prevé larga y complicada»y que habrá que buscar «un término intermedio que se acerque lo más posible a lo que todos deseamos».
El convenio de comercio afecta en Eivissa a unos 8.000 trabajadores.
Por su parte, el presidente de la Federación de comercio y hosteleria de UGT, Fernando Fernández, puntualizó ayer que una congelación salarial iría «en detrimento de los beneficios de los propios comerciantes, ya que el poder adquisitivo de los trabajadores bajaría». Los sindicatos están elaborador en estos momentos una plataforma conjunta con todas las reivindicaciones, entre las que se encuentra la de una subida salarial de entre un dos y un 4% para tratar de reactivar el consumo interno.
Fernández admite que va a ser «un convenio difícil» y asegura que los representantes de los trabajadores «son los primeros conscientes de la complicada situación del sector, pero eso no significa que los trabajadores deban perder poder adquisitivo».
El sindicalista cree que las peticiones son moderadas, porque la previsión de incremento del IPC para 2009 es del dos por ciento, mientras que el interanual está en el 0,7, con lo que consideran «que hay un punto o dos que se deberán pelear».
Los sindicatos son conscientes de que va a ser «un convenio de mínimos» pero ni se plantean la congelación salarial, «aunque sí una moderación».
«No es el mejor momento para negociar pero sabemos hasta dónde podemos llegar», matiza Fernández, que recuerda, con tono irónico, que no ha negociado ningún convenio «en buena época». «Haya bonanza o no, parece que nunca es buen momento para negociar un convenio», afirma el portavoz del UGT.
Admitida la querella contra el juez del caso Eivissa Centre y Joaniquet
El TSJB considera que la denuncia de Tuells y López sobre un supuesto soborno puede ser cierta y hay que investigarla. Rechaza la petición del magistrado para tratar de demostrar previamente que todo es inverosímil
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha admitido a trámite la querella presentada por el ex dirigente socialista Roque López y su abogado, Andrés Tuells, contra el juez que instruye el caso Eivissa Centre, José Espinosa, y Ascensión Joaniquet, abogada de la mayoría de los cargos del PSOE, por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación.
La ley contempla que en el caso de que el juez sea denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, y siempre que se abra un procedimiento penal, éste debe inhibirse de la causa. Así, la admisión a trámite de la querella provocará el cambio del juez instructor del caso Eivissa Centre, que, si sigue el turno de intercambio tradicional de los juzgados, podría recaer en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres.
El tribunal considera que los hechos que se denuncian pueden ser ciertos, por lo que le lleva a iniciar una investigación para esclarecerlo. La querella argumenta que la abogada Ascensión Joaniquet abonó en metálico durante el curso del procedimiento del caso Eivissa Centre «no menos de 38.000 euros» para pagar deudas personales del magistrado instructor, José Espinosa, y de su esposa, y que de modo paralelo éste último ha dictado a sabiendas una serie de resoluciones indebidamente favorables a los defendidos de la letrada.
Las pruebas de la querella
La querella se basa en cuatro documentos, algunos con el sello del despacho de Joaniquet, en el que ésta, junto a una compañera de su buffet, aparece como testigo de una transacción económica de la esposa del juez con una acreedora. Ambas han vivido en el edificio donde la abogada tiene su despacho profesional. Las fechas de los pagos, entre el pasado mes de septiembre y enero, coinciden, además, con alguna resolución desfavorable a los intereses de sus defendidos, como la imputación del presidente del Consell, Xico Tarrés.
El juez solicitó al tribunal al amparo del artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dar amplía explicación, con aportación documental», a fin de poder constatar antes de que la querella fuera o no admitida a trámite que las imputaciones «no eran verosímiles». El TSJB ha desestimado esta petición al entender que «la índole de los hechos que relata la querella no hace previsible que las explicaciones y documentos que ofrezca el magistrado querellado basten para esclarecer satisfactoriamente lo ocurrido en términos que autoricen a descartar de plano la existencia de infracciones criminales». Los magistrados justifican que las actuaciones previas que permite realizar el citado artículo (exclusivo para los jueces) «nunca pueden convertirse en un sucedáneo de instrucción desarrollado a espaldas de quienes ostentan derecho a ser parte en la causa».
Joaniquet dice estar «tranquila»
El magistrado Espinosa aseguró a este periódico hace unas semanas tras conocer la acusación de Tuells y López que la denuncia «no tiene ningún fundamento y se basa en meras suposiciones totalmente temerarias», aunque en el caso, «poco o nada probable», de que fuera admitida por el TSJB, tendría que inhibirse. Este periódico trató ayer infructuosamente de recabar su opinión. Por su parte, la abogada Ascensión Joaniquet dijo ayer que la decisión del TSJB «entraba dentro de lo previsible», puesto que las acusaciones de Tuells y López son «gravísimas». «Entiendo que quieran investigar lo que ha pasado. No me choca», indicó, al tiempo que insistió en que está «tranquilísima». «Si tienen que investigar, que investigan, pero lo único que deseo es que se acabe cuanto antes para poder dejar mi nombre limpio. No tengo ningún miedo porque no he hecho nada, ni tengo nada que esconder», destacó.
Por su parte, Tuells señaló que estaba «convencido» de que el tribunal iba a admitir la querella a trámite. Destacó que la Fiscalía también informó favorablemente a la investigación de los hechos. «Se demuestra que lo que yo decía no era una denuncia falsa, una cosa muy inverosímil o una calumnia», recalcó el abogado de Roque López.
El Consell Insular de Ibiza desiste de erradicar la plaga del tomate
Los técnicos reconocen que es «impensable» terminar con este insecto y habrá de «aprender a convivir con él durante el resto de nuestra vida». La plaga de la palmera ha destruido ya 22 ejemplares
EIVISSA | J. LL. F.
La plaga del tomate Tuta absoluta no podrá ya ser erradicada de los cultivos ibicencos y, de hecho, los técnicos del Consell Insular han desistido ya de eliminar este insecto. «Tendremos que aprender a convivir con él el resto de nuestra vida», afirmó el jefe de la sección de Agricultura de dicha institución, Javier Pablos, que ayer ofreció una charla informativa sobre plagas en el recinto ferial.
Pablos señaló que «dentro de unos pocos años esta plaga habrá adquirido un cierto equilibrio con su entorno y será una plaga más, pero es impensable erradicarla». Al no tener enemigos naturales, dicho organismo ataca de forma «muy violenta» a las plantas del tomate.
Los tratamientos que se emplean para combatir este insecto consisten básicamente en productos químicos, pero ahora se plantea la necesidad de utilizar un producto biológico que reduzca de manera drástica las sustancias empleadas actualmente, que son plaguicidas «muy intensivos».
Pablos, que ofreció su charla junto con el director de campo Juan Argente, fue más optimista respecto a la plaga de las palmeras, el llamado picudo rojo, un pequeño insecto que obliga a talar y enterrar los árboles que resulten infectados. Hasta la fecha, y desde que la enfermedad fue encontrada en Eivissa, han sido ya taladas 22 palmeras.
De momento, se continuará con la estrategia seguida hasta ahora de vigilar y destruir los árboles afectados. Pablos indicó que, así como en la Península ya se considera una «plaga establecida» de imposible erradicación, en Eivissa «aún tenemos esperanzas de eliminarla».
En cuanto a la tercera plaga importante localizada en el campo ibicenco, que es la mosca de la fruta y afecta principalmente a los cítricos, este experto señaló que se buscarán otros tratamientos para complementar el habitualmente empleado, consistente en trampas de feromonas. El Consell va a subvencionar la contratación por parte de los agricultores de una empresa especializada para aplicar tratamientos alternativos a las feromonas.
La mosca de la fruta es la enfermedad «por excelencia» del campo ibicenco y la más conocida por los payeses.
Eivissa recibe a 1.150 profesionales turísticos en una convención de agentes de viajes
EIVISSA | REDACCIÓN
Eivissa acogerá a partir de este sábado un congreso anual de agentes de viajes que reunirá a 1.150 profesionales a bordo del crucero ´Sovereign´, el buque más grande de la compañía Pullmantur, de 268 metros de eslora y que desplaza 73.000 toneladas.
El Ayuntamiento de Eivissa informó ayer de esta convención a través de una nota de prensa, en la que asegura que este evento es posible «gracias al acuerdo alcanzado durante la celebración de la feria de turismo Fitur» de Madrid entre el Consistorio y Viajes Marsans.
El Ayuntamiento ha organizado para los asistentes a esta convención una visita guiada a Dalt Vila.
Los alcaldes pidieron a Tarrés que facilitara los trámites de construcción
El conseller de Urbanismo de Eivissa, Miquel Ramon, afirmó recientemente que «lo importante es que tanto Tarrés como Antich se comprometieron ante los alcaldes a subsanar el problema y así se va a hacer». Los responsables municipales habían considerado «un agravio comparativo a la isla» excluir a Eivissa de la norma general de permitir en Balears la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación.
Miquel Ramon garantizó entonces que Eivissa debía «beneficiarse de la medida que ahora incluye el decreto sólo para Mallorca».
El decreto ley 1/2009 de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears contempla una serie de actuaciones para reactivar la economía y el turismo, y entre ellas figura esta posibilidad, reclamada por las patronales de la construcción como una forma de aligerar trámites y acelerar los plazos de obtención de licencias y ejecución de obras.
Miquel Ramon aseguró que los grupos parlamentarios que apoyan al Govern apoyarán la decisión de incluir a Eivissa en la exención también prevista inicialmente para Mallorca. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas
