El PP acusa de nuevo al equipo de gobierno de «hipotecar el futuro»
IBIZA | E. R.
El PP volvió ayer a arremeter una vez más contra el equipo de gobierno del Consell tras anunciar la solicitud de un nuevo préstamo de 5,5 millones de euros. La consellera del PP Carmen Domínguez indicó que en dos años el Consell ha pedido más créditos que el anterior gobierno popular en la pasada legislatura.
El equipo de gobierno aprobó ayer, con la abstención del PP, una modificación de crédito de 5,5 millones, como paso previo a la petición del préstamo bancario, que, según explicó Méndez, se trata de «una medida excepcional» que se puede llevar a cabo tras la aprobación del decreto de medidas extraordinarias del Gobierno y que permite que se destine no sólo a inversiones sino también a gasto corriente de deudas anteriores a 2009. Méndez recordó que Sant Antoni ha hecho lo mismo. Sobre esta cuestión, Domínguez le recordó que la portavoz de la oposición en Sant Antoni, Laura Carrascosa, pidió «la dimisión» del edil de Hacienda por el préstamo solicitado, aunque Méndez matizó, en su turno de réplica, que no fue por el crédito, sino porque éste se iba a destinar a reformar la calle donde reside Pere Palau.
El Consell destinará estos 5,5 millones de euros al pago de parte del coste de la construcción de la carretera de Sant Rafel (2,5 millones), trasferencias de capital a los ayuntamientos por el Plan de Obras y Servicios y el Consorcio Emprenen (1,7 millones) y subvenciones pendientes de pago. «No se terminan de pagar facturas», replicó la consellera Domínguez, que insistió con el discurso de que el equipo de gobierno va a «hipotecar» el futuro de la institución. En esta legislatura, el Consell ya pidió otro préstamo de 7,2 millones para inversiones varias, aparte de ampliar su póliza de crédito para disponer de liquidez.
Domínguez aseguró que falla la base, el presupuesto, que «o bien se infló y falseó con partidas previstas del Govern balear y el Gobierno central que no van a llegar», «o bien se gasta muy mal y se derrocha», agregó. La consellera del PP también criticó que «no es el momento más oportuno» para la puesta en marcha de una televisión propia, que va a costar «más de los 300.000 euros anuales» que el Consell ha calculado. «Esta televisión nos costará un dineral y mientras tanto no dejan de pedir préstamos», subrayó.
Un abastecimiento complejo y costoso
SANT JORDI | P. R.
Tanto el teniente de alcalde de Sant Josep como los responsables de Aqualia destacaron la complejidad del suministro de agua en este municipio, debido a la extensión del mismo y los diferentes desniveles que se tienen que sortear. Prats resaltó que las redes de distribución tienen una extensión de 250 kilómetros y se utilizan un total de 19 depósitos reguladores. Estas infraestructuras para un municipio de 20.000 habitantes suponen unos costes de mantenimiento muy superiores a los que tienen que afrontar poblaciones de más de 300.000 habitantes, subrayó el portavoz municipal. Por ese motivo, Prats aprovechó para pedir «comprensión» a las administraciones superiores para que tengan en cuenta estos sobrecostes a la hora e conceder ayudas económicas. Por los mismos motivos, el responsable de Aqualia en Sant Josep, Jordi Grivé, pidió comprensión a los usuarios por las posibles interrupciones o las bajadas de presión que puedan producirse, dado que la empresa es la primera que recibe las quejas. Aseguró que se está trabajando para poder contar con una red de aguas en condiciones óptimas.
Tres aulas más fuera de Vila
IBIZA | M. T.
Margalida Marí, delegada de la conselleria balear de Educación en las Pitiusas, aseguró ayer que las aulas prefabricadas del barrio de Can Misses, en las que se escolarizará a unos 50 niños de tres años, serán suficientes para acoger a los 101 alumnos a los que no se ha asignado una plaza. Marí afirmó que el «único municipio en el que ha habido problemas de escolarización ha sido Vila».
Así, el resto de niños de Vila que estaban sin plaza, unos 30, se repartirán entre los colegios más cercanos a la ciudad que todavía tienen vacantes, según explicó la delegada.
De la misma manera, para escolarizar a todos los niños de tres años de otros municipios se han creado tres grupos más de los que estaban previstos, uno en el colegio Es Vedrà, otro en Santa Gertrudis y un tercero en el futuro centro Sant Antoni, que en estos momentos está ubicado en las aulas prefabricadas del barrio de Can Bonet.
La delegada explicó que a lo largo de toda la semana los responsables del proceso de escolarización se han reunido con las familias de los niños que estaban sin plaza para analizar la situación de cada caso y elegir la mejor solución.
Margalida Marí aseguró que esta semana también se han reunido con el Ayuntamiento de Ibiza para acabar de perfilar algunos «detalles técnicos» del solar de los Multicines, en el que se ubicarán las aulas prefabricadas. Con este encuentro la delegada da por zanjadas las diferencias con Vila. Hay que recordar que mientras Educación ya daba por segura la utilización de este terreno, el Ayuntamiento insistía en que había algún problema técnico.
Sant Josep amplía el suministro de agua desalada desde Cala de Bou hasta Cala Tarida
La ampliación supone ofrecer suministro de caudal de calidad a 1.100 nuevos abonados (más de 4.000 habitantes). Actualmente tiene ya servicio regular el 51 por ciento de la población del municipio
SANT JORDI | PEP RIBAS
Más del 50 por ciento de los habitantes del municipio de Sant Josep reciben ya en sus domicilios agua desalada de buena calidad. Así lo anunció ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Josep Antoni Prats, quien afirmó que la falta de un buen suministro de agua potable había sido siempre una de las asignaturas pendientes y una de las principales demandas de la población. En consecuencia, también el centro de los principales esfuerzos del equipo de gobierno progresista desde el inicio de su mandato.
Prats compareció en las oficinas municipales de Sant Jordi junto a Damià Muñoz y Jordi Grivé, responsables técnicos de la empresa Aqualia, concesionaria del servicio municipal de aguas. El motivo de la convocatoria era dar cuenta de que la zona de recepción de agua desalada de la planta de Sant Antoni se ha ampliado desde es Port des Torrent hasta Cala Tarida, pasando por Cala Bassa, Comte y Cala Codolar. Se trata de un área considerable, con 1.100 abonados (contadores particulares instalados), lo que supone dar servicio a unas 4.000 personas.
Prats afirmó que el suministro de esta zona «es una cuestión complicada», y lleva varias semanas en fase de pruebas. Admitió que en algunos casos se producen problemas de falta de presión, por lo que pidió disculpas a los usuarios afectados. Asimismo, señaló que en algunos casos puede llegar al grifo agua con alguna tonalidad de color, aunque ello no supone que el caudal no sea potable. Matizó que esto sólo ocurrirá de forma transitoria.
El equipo de gobierno considera que esta ampliación de suministro estará en pleno funcionamiento durante todo el verano. Asimismo, se han empezado a hacer pruebas en otros dos sectores del municipio. Uno corresponde a las calas de Poniente (Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó) y el otro al área del aeropuerto y sa Caleta. Si con la última ampliación está recibiendo caudal de buena calidad el 51 por ciento de la población del municipio, cuando el servicio funcione también en estos sectores que ahora están en fase de prueba se cubrirá el 69 por ciento, aseguró Prats.
Obras estatales
No obstante, el portavoz municipal subrayó que el Consistorio seguirá trabajando para suministrar al ciento por ciento de la población, aunque para ello deberán entrar en funcionamiento las infraestructuras emprendidas por el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de la interconexión de las desaladoras de la isla. Entonces será cuando se abarcará desde Cala Tarida hasta la Platja d´en Bossa, pasando por Sant Josep, es Cubells, Porroig, Cova Santa y otras áreas interiores.
Mientras tanto, Prats aseguró que la empresa Aqualia sigue trabajando intensamente en la mejora de las redes de distribución, en cuyo empeño en el año 2008 se invirtieron más de 600.000 euros.
El PGOU de Vila se retrasa otro mes por «deficiencias subsanables»
La Comisión Balear de Medioambiente deja sobre la mesa el nuevo ordenamiento por tres defectos de la documentación. El Ayuntamiento destaca que podrán presentar la evaluación ambiental simplificada
IBIZA | A. F. F.
El subcomité técnico de la Comisión Balear de Medio Ambiente decidió dejar sobre la mesa, en su reunión del pasado jueves, el nuevo Plan General de Vila al apreciar deficiencias en la documentación aportada por el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Vicent Torres, restó ayer importancia a esta decisión, que retrasa como mínimo un mes el aval de este organismo, y destacó que «se acordó por unanimidad exonerar a Vila de la evaluación ambiental estratégica para que pudiera presentar la simplificada», con lo que asegura que se agilizará su tramite.
Desde la conselleria de Medio Ambiente explicaron que, a pesar de que se consideró como «muy positivo el buen trabajo que se ha hecho en el PGOU», los técnicos han hallado tres defectos en el ordenamiento, que consideran «fácilmente subsanables». El más destacado es la ausencia de la evaluación del impacto ambiental que tendrá el nuevo urbano de 12 hectáreas de Can Misses, en el que se levantará el nuevo hospital. Precisamente fue esta cuestión la que retrasó la aprobación de esta última versión del Plan General durante casi un año.
Torres desmintió que falte la evaluación de impacto de este cambio, aunque en la reunión del subcomité se comentó que sería deseable «un mayor nivel de detalle». Esta parte del PGOU se compone de un cuadro de evaluación, en el que se puntúan los impactos y sus compensaciones, y otra parte en la que se fundamentan las medidas: «Es en esta parte donde nos pedían ampliar datos», comentó ayer.
Tampoco está asegurada la disponibilidad de recursos hídricos y de depuración en la ciudad, según apuntaron desde la conselleria entre los defectos. El concejal, por su parte, explicó que esta deficiencia se subsanará incluyendo en el PGOU la anotación de que «corresponde al Govern construir la nueva depuradora, lo mismo que la potabilizadora de Vila». Esto, dijo, ya se ha anunciado a la comisión, que dará por buenas las enmiendas, según Torres.
El último de los errores que impidió dar el informe favorable al planeamiento de Vila fue la discrepancia entre las zonas inundables definidas en él y las que constan en la conselleria de Medio Ambiente. A este respecto, el responsable del Urbanismo en Vila explicó que adjuntaron los mapas de las zonas de inundación e inundables delimitadas en el Plan Territorial Insular y se les pide que asuman las establecidas por la dirección general de Recursos Hídricos del Govern. Esto, apuntó Torres, «no alterará» los parámetros del PGOU.
El concejal de Vila resaltó que en la pasada legislatura se descartó exonerar de la evaluación simplificada a este Ayuntamiento en la misma sesión que se le concedía a Palma cumpliendo ambas ciudades los mismos requisitos para beneficiarse de la excepción. A pesar de que se aplaza un mes el paso por la comisión y después deberá revisarse en la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio, Torres todavía confía en poder aprobar el nuevo PGOU antes de acabar el verano. Por su parte, el conseller de Ordenación, Miquel Ramon, expresó ayer sus dudas al respecto: «Es muy complicado por el mismo calendario de la tramitación», dijo en el pleno de ayer del Consell.
Un imputado implica a Cardona y otros ex consellers en el caso Scala
Un ex concejal popular de Lloseta cambia de actitud y decide colaborar en la investigación
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto una pieza secreta en el caso Scala, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en el anterior Govern del PP.
La nueva línea de investigación se ha iniciado tras las revelaciones efectuadas en el juzgado por uno de los imputados, que habría decidido colaborar con la fiscalía Anticorrupción. Se trata de Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta, que tuvo que dimitir tras ser detenido por su implicación en este escándalo. Ferré figura como administrador de Gourmet and Boutique Islands S.L., y también se le vincula con Comarca Global Consulting. Ambas sociedades eran proveedoras del CDEIB y sus titulares han confesado que pagaron comisiones a antiguos altos cargos de la conselleria de Industria a cambio de contratos.
Ferré ha cambiado de actitud en las últimas semanas y ha decidido colaborar en la investigación. Realizó una nueva declaración ante la jueza en la que, según pudo confirmar este periódico de fuentes próximas al caso, no se habría limitado a implicar al ex conseller, y hoy diputado del PP de Ibiza, José Juan Cardona. El ex concejal del PP en Lloseta habría involucrado también a otros miembros del anterior Govern en el pago de comisiones.
El contenido de las declaraciones no ha trascendido, al declararse secreta esta nueva línea de investigación, pero la fiscalía Anticorrupción ha dado mucha credibilidad a su testimonio, que se centrarían en el reparto de comisiones, el desvío de caudales públicos a bolsillos particulares y otros posibles delitos.
Muchos de los datos que aportó Ferré en su declaración ya están siendo investigados por la Policía. Las fuentes señalaron que el ex concejal de Lloseta ha confirmado una serie de sospechas que ya tenían los investigadores, en el sentido de que algunos miembros del anterior Govern habrían cobrado comisiones.
La apertura de la pieza secreta coincide con la que parecía la etapa final de la instrucción en el Juzgado número 4, cuya titular está estudiando si eleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una exposición razonada de cara a la imputación más avanzada y el enjuiciamiento del ex presidente del CDEIB, y actual diputado del PP en el Parlament, Josep Juan Cardona.
Ayer, y dentro de la pieza secreta, fue interrogado el imputado Arnoldus Mateo Van den Hurk Mir, un empresario que fue proveedor del consorcio público entre 2003 y 2007 y que está representado por Bartolomé Antich. Este imputado era socio de Felipe Ferré.
Otros encausados, que en el anterior Govern también prestaron distintos servicios al consorcio dedicado a la promoción de productos baleares, también fueron interrogados ayer por la jueza que investiga este caso de corrupción.
Piden tres años de cárcel y 541.000 euros de indemnización por incumplir el contrato de compra de un hotel
La Audiencia Provincial juzgará el lunes y martes en Palma a los tres acusados por esta causa como presuntos autores de un delito de alzamiento de bienes
El Ministerio Fiscal pide tres años de prisión y el pago de una indemnización por importe de 540.000 para tres hombres acusados de un delito de alzamiento de bienes por no efectuar el pago acordado en el contrato de compra de un hotel de Sant Antoni.
El juicio contra V. S. L., E. L. M. y P. C. Ll. se celebrará el lunes y martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial en Palma, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, la Fiscalía recoge que el 7 de marzo de 1990, el propietario del hotel Montemar de Sant Antoni lo vendió a la sociedad Hobal S. A. –en formación por no haber sido inscrita en el registro mercantil e integrada por los tres acusados– por 95 millones de pesetas (unos 573.000 euros), de los cuales cinco millones (30.000 euros) se pagaron en efectivo.
Del resto, 30 millones de pesetas (180.000 euros) los retenían los compradores para pagar la hipoteca del hotel a la Banca Abel Matutes y los otros 60 millones de pesetas (360.000 euros) se librarían mediante letras avaladas por la mercantil Flebasa.
«Una vez perfeccionado el contrato de compraventa», V. S. L., en acuerdo con E. L. M., decidió «no satisfacer» el precio que había quedado aplazado para el libramiento de letras, así como «hacer ineficaz el cobro de la parte vendedora» mediante argucias empresariales.
Al no pagarse las dos primeras letras, el anterior propietario del hotel presentó una demanda por una cuantía de 20 millones de pesetas (120.000 euros), que al fallecer continuaron sus herederos. El procedimiento acabó condenando a Flebasa y E. L. M. (accionista de la empresa entonces) a abonarlos. A su vez, la Banca Abel Matutes denunció al propietario del hotel porque los querellados no abonaron el préstamo hipotecario pendiente, con lo que el establecimiento salió a subasta y acabó perteneciendo a Comasa, sociedad de la que V. S. L. era accionista mayoritario.
De nuevo, los hijos del ex dueño del hotel demandaron a E L. M. y Flebasa por el impago del resto de las letras, cuyo valor ascendía a 43 millones de pesetas (260.000 euros). resolviéndose a su favor. Para eludir el pago de estas deudas, Flebasa cedió bienes a Eurolíneas Marítimas.
Tras varias operaciones más, la Fiscalía concluye que los beneficiarios del vendedor del hotel sólo recibieron cinco de los 95 millones de pesetas en los que se valoró.
Los hechos
El 7 de marzo de 1990, el propietario del hotel Montemar de Sant Antoni vendió el establecimiento a una sociedad en formación de la que participaban los tres acusados. En el contrato quedaron pendientes de pago 90 de los 95 millones de pesetas en los que se valoró el hotel, que aún no han recibido sus herederos. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas | Viaje Ibiza
